Informe sobre la Trata de Personas 2023: Uruguay
URUGUAY (Nivel 2)
El Gobierno de Uruguay no cumple totalmente con las normas mínimas para la eliminación de la trata de personas, pero está tomando importantes medidas para lograrlo. El gobierno demostró en general haber trabajado más en el tema en comparación con el período del informe anterior si se tiene en cuenta el impacto que la pandemia de COVID-19 puede haber tenido en su capacidad de lucha contra la trata. Por lo tanto, Uruguay se mantuvo en el nivel 2. Este trabajo incluyó identificar más víctimas, abrir un nuevo centro de atención para víctimas de trata adultas de sexo femenino, y contratar inspectores de trabajo especializados para identificar violaciones a la normativa sobre trabajo infantil, incluidos casos de trabajo forzado infantil. Sin embargo, el gobierno no cumplió con las normas mínimas en varias áreas clave. El gobierno investigó, enjuició y condenó a una cantidad algo menor de tratantes. Los funcionarios no identificaron a ninguna víctima de trata adulta de sexo masculino. El gobierno no ofreció acceso constante a refugios. Las autoridades no contaron con un procedimiento operativo estándar integral para identificar y derivar a víctimas que incluyera lineamientos adecuados sobre cómo asistir a víctimas de sexo masculino y víctimas de trata con fines de explotación laboral.
RECOMENDACIONES PRIORIZADAS:
- Brindar servicios adecuados y refugio a todas las víctimas, especialmente a las víctimas de sexo masculino y a aquellas que se encuentran fuera de la capital.
- Asegurarse de que los procedimientos operativos estándar para identificación y derivación de víctimas incluyan a las víctimas de sexo masculino y dar apoyo al Ministerio de Desarrollo Social (MIDES) para que genere procedimientos internos para prestar servicios a víctimas de trata de sexo masculino.
- Capacitar a funcionarios policiales, inspectores de trabajo, Prefectura, fiscales, jueces y trabajadores sociales para comprender mejor la trata de personas y utilizar el mecanismo interinstitucional para identificar y derivar a las víctimas.
- Poner en funcionamiento una base de datos centralizada para sistematizar el registro de estadísticas oficiales sobre casos de trata de personas e identificación de víctimas.
- Crear procedimientos operativos estándar para guiar a los inspectores de trabajo para que puedan identificar y derivar a posibles víctimas de trata con fines de explotación laboral, incluso mediante inspecciones proactivas en busca de indicadores de trata.
- Aprobar y financiar un plan de acción nacional nuevo para luchar contra la trata de personas.
- Asignar un presupuesto específico para luchar contra la trata de personas y aumentar los fondos asignados a servicios para las víctimas (incluidos servicios diurnos, a largo plazo y de reinserción).
- Buscar indicadores de trata de personas entre trabajadores extranjeros, incluso mediante inspecciones exhaustivas a bordo de buques de bandera extranjera que se encuentren en aguas uruguayas y en el puerto.
- Investigar con determinación y someter a la justicia los delitos de trata, así como buscar que se establezcan penas adecuadas para los tratantes condenados, que deberían implicar períodos de encarcelación importantes.
- Informar de manera consistente a las víctimas sobre sus derechos de conformidad con las leyes vigentes, que incluyen solicitar permisos de residencia permanente y recibir una reparación de sus tratantes, y prestar apoyo a las víctimas que deseen ejercer tales derechos.
- Revisar la definición de trata de personas vigente en el marco legal uruguayo para adaptarla a la que figura en el Protocolo de la ONU del año 2000 contra la trata de personas.
SOMETIMIENTO A LA JUSTICIA
El gobierno redujo su nivel de trabajo para someter estos delitos a la justicia. El artículo 78 de la ley de migraciones, promulgada en 2008, penaliza la trata de personas con fines de explotación sexual o laboral y establece penas de 4 a 16 años de penitenciaría. Estas penas son lo suficientemente severas y, en lo que refiere a trata con fines de explotación sexual, son acordes con las penas establecidas para otros delitos graves como la violación. Las penas se incrementan de un tercio a la mitad si el delito de trata involucra a una víctima menor de edad. A diferencia de la definición de trata vigente en el derecho internacional, la ley establece que el uso de violencia, intimidación o engaño sean agravantes y no elementos esenciales del delito. Además, el gobierno aplicó la Ley 17.815 sobre violencia sexual contra niños, adolescentes o incapaces y la ley 8.080 sobre el delito de proxenetismo para formalizar a personas acusadas de delitos de trata durante el período del informe. Los artículos 4 y 5 de la Ley 17.815 penalizan la retribución o promesa de retribución a personas menores de edad para que ejecuten actos sexuales o eróticos de cualquier tipo y la contribución a la explotación sexual de personas menores de edad. La ley establece penas de 2 a 12 años de penitenciaría para estos delitos. Los artículos 1 y 2 de la Ley 8.080 tipifican el delito de proxenetismo y establecen penas de 2 a 8 años de penitenciaría. Las penas se aumentaron de 4 a 8 años de reclusión si el delito involucraba a víctimas menores de 14 años de edad o si involucraba el uso de fuerza, engaño o coacción.
El gobierno compartió estadísticas parciales sobre el trabajo de cumplimiento de la ley que correspondieron a 10 meses del año 2022, a diferencia de la información parcial disponible en 2021, que correspondió a 11 meses del año calendario. En 2022, el gobierno amplió la información proporcionada e incluyó formalizaciones y condenas de conformidad con leyes relacionadas como casos de trata cuando las circunstancias del delito posiblemente constituyeran un caso de trata de personas de conformidad con el derecho internacional. En años anteriores, el gobierno aplicaba criterios más estrictos y solo evaluaba casos estudiados de conformidad con la ley contra la trata de personas. El gobierno inició 17 investigaciones de trata hasta octubre de 2022, a diferencia de las 33 investigaciones iniciadas hasta noviembre de 2021. La justicia formalizó a 20 presuntos tratantes hasta octubre de 2022. Acusó a 2 de ellos de trata de personas, a 14 de buscar a víctimas de trata con fines de explotación sexual menores de edad, a 3 de contribuir a la explotación sexual de personas menores de edad, a 1 de proxenetismo. En comparación, la justicia formalizó a 23 presuntos tratantes (9 por trata de personas y 14 por buscar a víctimas de trata con fines de explotación sexual menores de edad) entre enero y noviembre de 2021, y 50 en 2020. El gobierno no informó si los presuntos tratantes acusados de conformidad con la ley contra la trata de personas habían sido acusados del delito de trata con fines de explotación sexual o laboral. La justicia condenó a 13 tratantes (11 por buscar a víctimas de trata con fines de explotación sexual menores de edad y 2 por contribuir a la explotación sexual de personas menores de edad) hasta octubre de 2022, en comparación con los 17 tratantes (4 por trata de personas y 13 por buscar a víctimas de trata con fines de explotación sexual menores de edad) condenados hasta noviembre de 2021, y los 5 (4 por trata de personas y 1 por buscar a víctimas de trata con fines de explotación sexual menores de edad) condenados en 2020. El gobierno no informó sobre las sentencias para los tratantes condenados en 2022 o 2021. En 2020, el último año para el que hay información disponible, los jueces sentenciaron a los tratantes condenados a entre 17 meses de prisión y 6 años de penitenciaría. En los últimos 5 años, el gobierno informó que la justicia procesó/formalizó a 30 presuntos tratantes de conformidad con la ley contra la trata de personas, pero condenó solo a 16. El Gobierno no informó que hubiera habido investigaciones, procesamientos o condenas de funcionarios públicos que hubieran sido cómplices de delitos de trata de personas. Tampoco proporcionó información actualizada sobre las formalizaciones llevadas adelante en casos iniciados en 2021 que involucraban a tres funcionarios públicos por presunta complicidad en delitos de trata.
La División Crimen Organizado del Ministerio del Interior fue la principal entidad a cargo del trabajo policial contra la trata de personas. El Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (MTSS) fue el que dirigió la mayoría del trabajo vinculado a la trata con fines de explotación laboral. Dicho ministerio castigó a tratantes con fines de explotación laboral mediante procesos administrativos y derivó a la Fiscalía General de la Nación los casos de trata con fines de explotación laboral para su sometimiento a la justicia en el ámbito penal. La Fiscalía General de la Nación, con sede en Montevideo, ordenó a sus unidades de violencia basada en género que priorizaran la investigación y el sometimiento a la justicia de delitos de trata con fines de explotación sexual y laboral. En 2022, la Fiscalía creó una nueva unidad de violencia basada en género, lo que llevó la cantidad de unidades de este tipo de tres a cuatro. No hubo unidades especializadas fuera de la capital. La Fiscalía General de la Nación recopiló información sobre casos activos, incluidos los casos de trata, en el Sistema de Información del Proceso Penal Acusatorio de Uruguay (SIPPAU). Sin embargo, el sistema no recopiló datos clave, como las sentencias de los tratantes condenados o si las autoridades acusaron a los presuntos tratantes de delitos de trata con fines de explotación sexual o laboral. Asimismo, siguió siendo difícil analizar tendencias y conseguir información detallada, en particular sobre investigaciones, formalizaciones y condenas por delitos de trata de personas fuera de la región de la capital.
Asimismo, el gobierno incluyó módulos específicos sobre trata en cursos estándar sobre violencia de género y ofreció un curso opcional en línea sobre trata para funcionarios policiales. Algunos observadores indicaron que el uso de procedimientos sistemáticos para identificar a las víctimas de forma proactiva por parte de los funcionarios policiales fue variable en distintas partes del país. El gobierno informó que los funcionarios trabajaron de manera coordinada con fuerzas de la ley internacionales en dos casos de trata de personas, lo que derivó en el arresto de varios presuntos tratantes y la identificación de al menos 17 víctimas. El gobierno informó que levantó las medidas vinculadas a la pandemia en abril de 2022. Estas medidas no afectaron el trabajo de investigación, sometimiento a la justicia y condena de tratantes entre enero y abril.
PROTECCIÓN
El gobierno aumentó levemente su trabajo de protección. El gobierno informó que identificó 406 víctimas de trata (60 mujeres adultas y 346 menores) en 2022, a diferencia de las 357 víctimas de trata (39 mujeres adultas y 318 menores) que identificó en 2021. También informó que se identificaron víctimas uruguayas y extranjeras, incluidas personas de origen cubano, ecuatoriano, paraguayo y venezolano. El MIDES y sus dependencias fueron los principales prestadores de servicios para víctimas de todos los delitos, incluidas las víctimas de trata. El Instituto Nacional de las Mujeres (Inmujeres) atendió a víctimas de trata adultas de sexo femenino y el Instituto del Niño y Adolescente del Uruguay (INAU) atendió a las víctimas infantiles de trata. Si bien ambas instituciones atendieron principalmente a víctimas de trata con fines de explotación sexual, en 2022, Inmujeres informó haber atendido también a siete mujeres adultas víctimas de trata con fines de explotación laboral. El MTSS trabajó en coordinación con las demás entidades de apoyo a víctimas del gobierno cuando sus funcionarios identificaron víctimas de trata con fines de explotación laboral, aunque no tuvo procedimientos operativos estándar internos para responder a situaciones de trata con fines de explotación laboral. El MTSS prestó servicios a víctimas de trata con fines de explotación laboral, incluso formación vocacional, se aseguró de que las víctimas tuvieran información correcta sobre la normativa laboral pertinente, y derivó a víctimas de trata con fines de explotación laboral adultas de sexo femenino a Inmujeres. En 2022, el MTSS coordinó con una organización de la sociedad civil para brindar asistencia a al menos tres posibles víctimas de trata con fines de explotación laboral, todas mujeres adultas. La Unidad de Víctimas y Testigos de la Fiscalía brindó asistencia adicional, por ejemplo terapia, a víctimas que colaboraron con operativos policiales y procesos judiciales durante todo el tiempo que duraran. En 2022, la Fiscalía informó haber trabajado con decenas de víctimas. El gobierno no informó haber identificado o asistido a ninguna víctima adulta de trata de sexo masculino durante el período del informe. Inmujeres asistió a las 60 víctimas de trata adultas de sexo femenino, incluidas 7 víctimas de trata con fines de explotación laboral, en 2022, en comparación con las 140 víctimas de 2021 y 37 de 2020. El INAU asistió a 346 víctimas de trata menores de edad durante el período del informe y proporcionó asistencia a dichas víctimas a través de programas residenciales, unidades móviles y centros de cuidado diurno. El INAU agrupó a las víctimas de trata menores de edad con los menores víctimas de explotación sexual y no desagregó sus estadísticas demográficas, pero informó que la mayoría de las víctimas de explotación sexual que asistió en 2022 fueron adolescentes de sexo femenino. La Dirección Nacional de Promoción Sociocultural del MIDES estuvo a cargo de coordinar la atención de víctimas de trata adultas de sexo masculino. Sin embargo, el MIDES no había generado procedimientos operativos estándar ni tenía personal designado para atender a las víctimas de sexo masculino. El MIDES informó que prestó asistencia a tres víctimas de trata LGBTQI+, en comparación con las seis de 2021.
El gobierno tuvo una variedad de procedimientos operativos estándar para identificar, derivar y prestar asistencia a víctimas, incluida una “Guía de Acción Interinstitucional para situaciones de trata y explotación de personas en el Uruguay” que describía procedimientos para identificar y derivar víctimas de trata a los distintos servicios. Estos recursos designaban a las agencias responsables de atender a víctimas de sexo masculino y víctimas de trata con fines de explotación laboral, pero no establecían lineamientos específicos para la identificación proactiva o la prestación de servicios a estas víctimas y no había procedimientos operativos estándar específicos de algún organismo que llenaran ese vacío. El gobierno lanzó un plan de implementación para la Guía de Acción Interinstitucional en 2022 y, de acuerdo con este plan, capacitó a funcionarios públicos de distintos ministerios en dos de cinco regiones sobre el uso de la Guía. El gobierno coordinó con la sociedad civil para prestar servicios a víctimas de trata que fueran similares a los que estaban disponibles para víctimas de otros delitos y a poblaciones vulnerables, como personas en situación de calle, refugiados y ciudadanos que recibían asistencia social. Estos servicios incluyeron vivienda, formación vocacional, atención médica inmediata y asistencia psicológica. Sin embargo, el gobierno no contó con servicios especializados para víctimas de trata y, en la práctica, se prestaron servicios mayormente a las víctimas de trata con fines de explotación sexual adultas de sexo femenino. Actores de la sociedad civil informaron que los servicios financiados por el gobierno se centraron principalmente en asistencia psicosocial y legal, pero que los servicios a largo plazo (como vivienda, apoyo vocacional y asignación laboral) fueron insuficientes. Inmujeres siguió coordinando con actores de la sociedad civil la prestación de servicios para víctimas de trata con fines de explotación sexual de sexo femenino en sus centros especializados en Cerro Largo, Montevideo y Tacuarembó y estableció un centro nuevo en Paysandú. El INAU pudo prestar algunos servicios a víctimas de trata con fines de explotación sexual menores de edad en su centro en Paysandú y abrió un llamado para conseguir un socio en la sociedad civil que implemente un programa piloto para el primer refugio nocturno del INAU para víctimas de explotación sexual (incluida la trata) menores de edad. En coordinación con la sociedad civil, se siguió operando un equipo móvil que incluyó psicólogos, trabajadores sociales y abogados y respondió a casos que involucraron a víctimas infantiles que se dieron en el interior del país. En 2022, el INAU reorganizó los equipos para tener un miembro con sede permanente en cada región. Aunque el gobierno tuvo a su disposición algunas instalaciones donde se podía alojar temporalmente a las víctimas, no tuvo refugios específicos para las víctimas de trata. Algunos funcionarios del gobierno expresaron su preocupación por el riesgo que podría suponer para la seguridad de las víctimas alojarlas en un refugio específico para víctimas de trata central dado el tamaño pequeño del país. En cambio, el gobierno alojó a víctimas en hoteles y en ocasiones las derivó a refugios u hogares que atendían a otras poblaciones, como víctimas de violencia doméstica. Algunas organizaciones de la sociedad civil expresaron su preocupación por la idoneidad de estas instalaciones, ya que no satisfacen las necesidades de las víctimas de trata, e informaron que existieron dificultades para encontrar refugio para víctimas de trata, en especial para aquellas identificadas fuera de la capital. Muchos de los refugios no especializados funcionaron exclusivamente durante la noche. Observadores identificaron una necesidad de centros y programas diurnos. El gobierno no tuvo servicios especializados para atender a víctimas de sexo masculino, LGBTQI+ o de trata con fines de explotación laboral. Cuando los funcionarios identificaron a estas víctimas, el gobierno normalmente pudo coordinar el alojamiento necesario en hoteles o refugios no especializados diseñados para atender a otras poblaciones vulnerables, como personas en situación de calle o que se están recuperando de adicciones.
Inmujeres proporcionó 16,28 millones de pesos (US$407.510) a ONG colaboradoras para financiar la prestación de servicios, a diferencia de los 14,32 millones de pesos (US$358.448) de 2021. El gobierno no informó haber asignado fondos para cubrir estadías en hoteles a corto plazo para las víctimas, a diferencia de los 304.500 pesos (US$7.622) asignados en 2020. El gobierno no informó que haya habido otras asignaciones presupuestales u otro tipo de financiación para la asistencia a las víctimas. El marco legal uruguayo requirió que los juzgados ordenaran pagos de restitución al momento de condenar a un tratante. El gobierno no informó sobre pagos de restitución ordenados por juzgados en 2022, a diferencia de los ordenados en cuatro casos en 2021. Independientemente, las víctimas pudieron presentar demandas civiles para obtener una reparación de sus tratantes con el apoyo de defensores de oficio, pero el gobierno no informó si alguna víctima lo hizo en 2022. El marco legal dio el derecho a las víctimas extranjeras a solicitar un permiso de trabajo y la residencia permanente y tuvieron 180 días para decidir si deseaban permanecer en el país, regresar a su país de origen o reasentarse en otro país. Sin embargo, el gobierno no informó haber emitido permisos de residencia a ninguna víctima extranjera, y no hubo registros de que lo hiciera desde que se aprobó en 2018 la ley que consagra este derecho. El gobierno no informó de ninguna capacitación a funcionarios sobre asistencia a víctimas durante el año.
PREVENCIÓN
El gobierno mantuvo su nivel de trabajo de prevención. El Consejo Nacional de Prevención y Combate a la Trata y Explotación de Personas, liderado por el MIDES e integrado por representantes de agencias de alto nivel del gobierno y participantes de la sociedad civil, se reunió en dos oportunidades en 2022; su subgrupo técnico se reunió diez veces. El Consejo estuvo a cargo de la implementación de las recomendaciones recibidas de organismos internacionales y de la supervisión de la aplicación de la Ley N.º 19.643 y del plan de acción nacional de lucha contra la trata. El Consejo redactó, pero no aprobó, un plan nuevo para reemplazar el plan de acción nacional de lucha contra la trata del período 2018-2020. Asimismo, el Consejo publicó una evaluación anual obligatoria del trabajo en temas de lucha contra la trata de personas por parte del gobierno en los años 2020 y 2021. El gobierno no asignó fondos para la lucha contra la trata de personas, y el Consejo no tuvo un presupuesto de funcionamiento.
El gobierno organizó actividades para promover la concientización sobre la trata de personas en 2022, que incluyeron organizar talleres de concientización sobre los riesgos de trata para funcionarios municipales. El gobierno siguió distribuyendo entre el público materiales informativos y de concientización, incluidos lineamientos para la prensa sobre cómo informar de manera precisa sobre casos de trata, que fueron preparados en períodos de informes anteriores. El gobierno no informó sobre los fondos destinados producir y distribuir materiales de concientización, en comparación con los 46.750 pesos (US$1.170) informados en 2021. El trabajo de concientización del gobierno principalmente presentó a la trata como un subtema en programas más amplios sobre violencia basada en género y otros delitos. El gobierno atendió líneas directas y una aplicación para celulares donde el público podía denunciar delitos. El gobierno no informó cuántas llamadas estuvieron relacionadas con casos de trata. El MTSS informó que sus inspectores estaban capacitados para identificar indicadores de trata con fines de explotación laboral. Estos inspectores hicieron sus inspecciones de trabajo habituales, incluso en establecimientos conocidos por facilitar actos sexuales comerciales. Los inspectores de trabajo no contaron con procedimientos institucionales específicos para identificar casos de trata durante las inspecciones, si bien aplicaron el protocolo interinstitucional de identificación y derivación. En 2022, el INAU contrató y desplegó 13 funcionarios nuevos especializados en identificar violaciones a la normativa sobre trabajo infantil durante las inspecciones. El Gobierno no informó sobre su trabajo para reducir la demanda de actos sexuales comerciales.
PERFIL DE TRATA DE PERSONAS:
Tal como se ha informado en los últimos cinco años, tratantes explotan a víctimas nacionales y extranjeras en Uruguay y a víctimas uruguayas en el exterior. Mujeres y niñas uruguayas (y, en menor grado, adultos transgénero y varones jóvenes) son sometidas a trata con fines de explotación sexual dentro del país. Tratantes obligan a mujeres y personas LGBTQI+ uruguayas a practicar actos sexuales comerciales en Argentina, Brasil, Italia y España. Tratantes someten a mujeres provenientes de Cuba, República Dominicana, Haití y, en menor medida, de otros países sudamericanos, a trata con fines de explotación sexual en Uruguay. Muchas víctimas de trata son mujeres sudamericanas afrodescendientes. Trabajadores extranjeros, especialmente provenientes de Argentina, Bolivia, Brasil, Cuba, República Dominicana y Paraguay, son sometidos a trabajo forzoso en construcción, servicio doméstico, servicios de limpieza, cuidado de personas mayores, tiendas mayoristas, industrias textiles, agricultura, pesca y procesamiento de madera. Es posible que ciudadanos cubanos que están trabajando en Uruguay estén siendo obligados a trabajar por el gobierno cubano.
Tratantes someten a inmigrantes a trata con fines de explotación sexual y laboral en ciudades cercanas a la frontera seca de Uruguay. Informes de la sociedad civil sugieren que las mujeres provenientes de Cuba son particularmente vulnerables a la trata con fines de explotación sexual en estas ciudades fronterizas. Es posible que los tratantes trasladen a las víctimas de una ciudad a otra para evitar ser detectados y prolongar la explotación. Trabajadores extranjeros a bordo de buques pesqueros de bandera extranjera son sometidos a abusos que sugieren trabajo forzado, entre ellos salarios impagos, confiscación de documentos de identificación y abuso físico, y hay denuncias informales de homicidios en altamar. Entre 2018 y 2020, hubo 17 fallecimientos de tripulantes asociados con buques pesqueros con bandera de Taiwán, China y otros países extranjeros que están atracados en el puerto de Montevideo y navegando en aguas uruguayas. Es posible que haya ciudadanos de otros países, incluidos la República Popular China y la República Dominicana, en tránsito en Uruguay de camino a Argentina y otros destinos, donde algunos son víctimas de trata. Existe una mayor vulnerabilidad a la trata en el interior del país, donde el trabajo de monitoreo y lucha contra la trata del gobierno tiene un alcance limitado. En particular, los trabajadores domésticos empleados en el interior del país tienen un mayor riesgo de ser víctimas de trata de personas.
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Esta traducción se proporciona como una cortesía y únicamente debe considerarse fidedigna la fuente original en inglés.
