URUGUAY: NIVEL 2
El Gobierno de Uruguay no cumple totalmente con las normas mínimas para la eliminación de la trata de personas. No obstante, está realizando importantes esfuerzos para hacerlo. El gobierno demostró mayores esfuerzos en comparación con el período del informe anterior. Por lo tanto, Uruguay se mantuvo en el Nivel 2. El gobierno demostró mayores esfuerzos al condenar más tratantes y presentar una propuesta de un plan de acción nacional y de un proyecto de ley integral contra la trata de personas. Sin embargo, el gobierno no cumplió con las normas mínimas en varias áreas clave. El gobierno enjuició a menos personas, los jueces no impusieron penas suficientemente severas para los tratantes condenados, y los esfuerzos del gobierno por brindar servicios especializados a las víctimas siguieron siendo inadecuados.
RECOMENDACIONES PARA URUGUAY
Aumentar la disponibilidad de servicios especializados para víctimas de trata, en especial fuera de la capital, y para víctimas de sexo masculino, y continuar los servicios mediante investigaciones y procesamientos; investigar y someter a la justicia de manera enérgica casos de trata con fines de explotación laboral, prostitución forzada y trata infantil, y responsabilizar a los autores del delito de trata a través de penas suficientemente severas; aprobar el proyecto de ley integral contra la trata de personas y completar el plan de acción nacional; aumentar la capacitación contra la trata de personas para los funcionarios policiales, inspectores del trabajo, fiscales, jueces y trabajadores sociales, en particular para identificar y ayudar a las víctimas de trata con fines de explotación sexual y laboral; y desarrollar y poner en funcionamiento un sistema de recolección de datos para mantener estadísticas oficiales sobre esfuerzos para hacer cumplir las normas contra la trata de personas e identificar a las víctimas.
SOMETIMIENTO A LA JUSTICIA
El gobierno mantuvo sus esfuerzos para someter estos delitos a la justicia. El Artículo 78 de la ley de migraciones, promulgada en 2008, penaliza todas las formas de trata de personas, estableciendo penas de 4 a 16 años de penitenciaría. Estas penas son lo suficientemente severas y acordes con las penas establecidas para otros delitos graves. Este artículo penaliza el trabajo forzado, la esclavitud y otras prácticas similares, la servidumbre y la explotación sexual. El Artículo 79 tipifica la facilitación de la entrada, el tránsito interno o la salida de personas del país con fines de trata de personas y la penaliza con 2 a 8 años de penitenciaría. El Artículo 81 establece penas mayores para los delitos establecidos en los Artículos 78 y 79 cuando sean cometidos por personas para quienes esta sea su actividad habitual o por funcionarios policiales u otros funcionarios de seguridad, y cuando la víctima se trate de un niño o cuando la trata de personas se efectúe con “violencia, intimidación o engaño”. Aunque algunas de estas “circunstancias” parecen estar comprendidas implícitamente por el Artículo 78, que penaliza el trabajo forzado y la explotación sexual, el Artículo 81 parece establecer que la violencia, la intimidación, el engaño o el abuso de la vulnerabilidad de la víctima son agravantes y no elementos esenciales del delito. Los Artículos 280 y 281 del Código Penal prohíben el trabajo forzado y establecen penas de entre 2 y 12 años de penitenciaría. Una ley de 1927 (Ley n.° 8.080) penaliza la explotación de la prostitución de otra persona con penas de entre 2 y 8 años de penitenciaría. Además, una ley sobre violencia sexual de 2004 (Ley n.° 17.815) penaliza la prostitución, servidumbre o explotación sexual, incluida la pornografía infantil, de menores o personas mayores incapaces con penas de entre 2 y 12 años de penitenciaría. Las autoridades usan estas normas para enjuiciar casos de explotación de menores. Las autoridades uruguayas no informaron cuántos de los casos sometidos a la justicia de acuerdo con estas leyes correspondieron a trata con fines de explotación sexual de mayores o menores. Dos jueces de los juzgados especializados en crimen organizado de Montevideo tuvieron la jurisdicción sobre todos los casos de trata de personas llevada adelante por grupos criminales organizados de tres o más personas. La mayoría de los casos de trata se juzgaron fuera de estos juzgados especializados porque involucraron solo uno o dos sospechosos. Durante el período del informe, la Mesa Interinstitucional para la Prevención y Combate de la Trata de Personas presentó formalmente al Parlamento, el Poder Judicial y la Fiscalía General de la Nación un borrador de proyecto de ley integral contra la trata de personas que propone normas centradas en la prevención, la investigación y el apoyo a las víctimas de trata. La recientemente creada Unidad de Género de la Fiscalía General de la Nación se centró en investigaciones, procesamientos y condenas de delitos relacionados con la trata y la explotación de niños y adolescentes.
El Gobierno no recopiló datos globales sobre esfuerzos para hacer cumplir las leyes contra la trata de personas y no hubo un sistema para hacer el seguimiento de los casos que se encontraban en la órbita judicial. La Fiscalía General de la Nación informó que estaba trabajando para implementar una base de datos para hacer el seguimiento de los casos y generar estadísticas más precisas. Mientras tanto, los juzgados y las jefaturas de policía siguieron almacenando los datos recopilados. La transición de Uruguay de un sistema judicial “inquisitivo” a uno “acusatorio”, programada para comenzar en 2017, deberá concretarse antes de que se tomen nuevas medidas para recopilar y centralizar la información. En 2016, el gobierno inició 6 investigaciones amparado en el Artículo 78 (3 por trabajo forzado y 3 por trata con fines de explotación sexual) y continuó con 1 investigación de trata con fines de explotación sexual de 2015, en comparación con las 6 investigaciones por trata con fines de explotación sexual iniciadas en 2015. En 2016, el gobierno informó sobre 4 procesamientos (2 amparados en el Artículo 78 y 2 en el Artículo 4 de la Ley n.° 17.815), en comparación con los 16 procesamientos de 2015 y los 5 de 2014. El gobierno condenó a 3 personas por trata con fines de explotación sexual de acuerdo con el Artículo 78 en 2016, lo que representa un aumento en comparación con la falta de condenas en 2015 y 2014. Las tres condenas estaban en proceso de apelación al final del período del informe. Las autoridades no informaron sobre la duración de las penas impuestas en esos casos. Sin embargo, en casos anteriores, los tratantes condenados evitaron castigos severos dado que los juzgados impusieron penas que fueron inadecuadas para disuadirlos de cometer el delito. El gobierno no investigó, procesó o condenó a nadie amparado en los Artículos 280 o 281 del Código Penal en 2016. Las autoridades no informaron que hubiera habido investigaciones, procesamientos o condenas de funcionarios públicos que hubieran sido cómplices de delitos de trata de personas. El Ministerio del Interior y un organismo internacional organizaron conjuntamente dos talleres sobre investigaciones criminales de trata de personas, tráfico de personas y explotación sexual de niños y adolescentes. El gobierno organizó un curso de capacitación de procedimiento policial sobre violencia basada en género con un módulo sobre trata de personas. En total participaron 274 funcionarios. El Ministerio del Interior organizó un curso de capacitación para 225 oficiales policiales sobre la lucha contra la violencia basada en género, concentrándose en la explotación sexual de niños.
PROTECCIÓN
El gobierno mantuvo sus esfuerzos de protección. El Instituto Nacional de las Mujeres (Inmujeres) del Ministerio de Desarrollo Social (MIDES) fue el principal proveedor de servicios para las víctimas femeninas de abuso. El Instituto del Niño y Adolescente del Uruguay (INAU) informó que asistió en 333 casos de explotación sexual de menores en 2016, aunque no quedó claro cuántos de ellos fueron víctimas de trata. Inmujeres y una ONG informaron que brindaron asistencia a 131 víctimas de trata (111 en Montevideo y 20 en el interior del país), lo que representa un descenso en comparación con las 222 informadas en 2015. No quedó claro cuántas fueron víctimas de explotación sexual comercial o trabajo forzado. Inmujeres fortaleció su vinculación con el interior del país a través de una unidad móvil de 14 integrantes que incluye psicólogos, trabajadores sociales y abogados que ofrecen apoyo psicológico, servicios sociales y asesoramiento legal. Durante el período del informe, el Ministerio del Interior y la Fiscalía General de la Nación comenzaron a utilizar un protocolo estandarizado para investigar casos y ayudar a víctimas. El gobierno ofreció varias oportunidades de capacitación para funcionarios policiales, inspectores de trabajo, fiscales, jueces y trabajadores sociales sobre identificación y asistencia a víctimas.
El gobierno asignó $4.575.647 (US$157.401) a Inmujeres, un presupuesto mayor a los $3.638.280 (US$125.156) de 2015, para asistir, a través de servicios psicológicos y médicos (entre otros), a mujeres adultas víctimas de trata con fines de explotación sexual y a mujeres que ejercían la prostitución. No hubo refugios designados para víctimas de trata, por lo que se determinaron soluciones habitacionales temporales y de largo plazo caso a caso. No existieron servicios especializados para las víctimas de sexo masculino. De acuerdo con un organismo internacional, el gobierno brindó servicios a víctimas durante 30 días y luego recibieron un apoyo general similar al que reciben las personas sin techo.
El gobierno ofrece medidas de protección para alentar a las víctimas a asistir en la investigación y el sometimiento a la justicia de sus tratantes. De acuerdo con un organismo internacional, varias de las medidas de protección disponibles, tales como reubicación de la víctima, cambio de identidad y asistencia económica, no se implementaron totalmente durante el período del informe. Las autoridades informaron que la reducida población de Uruguay hizo que la protección eficaz de las identidades de las víctimas fuera un desafío. No hubo denuncias de víctimas de trata que hubieran sido encarceladas, deportadas o sancionadas de otro modo por actos cometidos como resultado directo de haber sido víctimas de este trata de personas. Aunque el gobierno no ofreció alternativas legales concretas al traslado de las víctimas de trata a países en los que enfrentaban castigos o privaciones, las autoridades ofrecieron asilo general y permisos de trabajo a víctimas extranjeras de trata.
PREVENCIÓN
El gobierno aumentó sus esfuerzos de prevención. La Mesa Interinstitucional para la Prevención y Combate de la Trata de Personas se reunió mensualmente. Esto incluyó dos reuniones específicas para desarrollar un plan de acción nacional, que estaba incompleto al final del período del informe. La Mesa esperaba completar el plan luego de la aprobación parlamentaria del proyecto de ley integral contra la trata de personas. El Ministerio del Interior, en coordinación con la Asociación Nacional de Broadcasters Uruguayos (ANDEBU), grabó y difundió una campaña para generar conciencia en el público. Inmujeres organizó varias campañas de sensibilización centradas en capacitar a trabajadores sociales para que comprendieran mejor la trata y mejoraran la respuesta a nivel local y nacional. El Parlamento uruguayo creó una comisión especial con representantes de cinco partidos políticos para investigar la trata de personas. En setiembre, la comisión organizó una conferencia sobre cooperación internacional contra la trata de personas en la cual los participantes debatieron perspectivas legislativas, sociales, judiciales y educativas sobre la trata y los beneficios de aumentar la cooperación con la sociedad civil. El gobierno hizo esfuerzos por prevenir el turismo sexual infantil, pero no hizo esfuerzos por reducir la demanda de actos sexuales comerciales o trabajo forzado. En 2016, Uruguay fue anfitrión de una conferencia regional sobre la prevención de la explotación sexual de niños, que se centró en el turismo libre de explotación. Las autoridades dieron a las tropas de misiones de paz, previo a su despliegue, un manual sobre derechos humanos y derecho internacional humanitario en operaciones de mantenimiento de la paz que incluía un capítulo sobre explotación y abuso sexual. El Gobierno ofreció capacitación contra la trata de personas a su personal diplomático.
PERFIL DE TRATA DE PERSONAS
Como se ha informado en los últimos cinco años, Uruguay es un país de origen, tránsito y destino para hombres, mujeres y niños sometidos a tareas de trabajo forzado y trata con fines de explotación sexual. Las mujeres y niñas uruguayas (y, en un menor grado, los adultos transgénero y los varones jóvenes) son sometidas a trata con fines de explotación sexual dentro del país. Las mujeres uruguayas y las personas LGBTI son obligadas a ejercer la prostitución en España, Italia, Argentina y Brasil. Sin embargo, las cifras de víctimas uruguayas identificadas que fueron explotadas en el exterior han disminuido en los últimos años. Mujeres de la República Dominicana (y, en menor medida, mujeres de otros países sudamericanos) son sometidas a trata con fines de explotación sexual en Uruguay. Trabajadores extranjeros, especialmente provenientes de Bolivia, Paraguay, Brasil, República Dominicana y Argentina, son sometidos a trabajo forzado en la construcción, el servicio doméstico, servicios de limpieza, cuidado de personas mayores, tiendas mayoristas, industrias textiles, agricultura, pesca y procesamiento de madera. Funcionarios uruguayos han identificado como posibles víctimas de trata de personas con fines de explotación sexual o laboral a ciudadanos de otros países, por ejemplo China y la República Dominicana, que están en tránsito en Uruguay de camino a otros destinos, en particular Argentina.
