URUGUAY: Nivel 2
El Gobierno de Uruguay no cumple totalmente con las normas mínimas para la eliminación de la trata de personas. No obstante, está tomando importantes medidas para lograrlo. El gobierno demostró haber trabajado más en el tema en comparación con el período del informe anterior. Por lo tanto, Uruguay se mantuvo en el nivel 2. El gobierno demostró haber trabajado más al aumentar la cantidad de investigaciones y enjuiciamientos, identificar a más víctimas de la trata, asignar más fondos para el cuidado de víctimas del sexo femenino y continuar trabajando para aprobar el proyecto de ley integral contra la trata de personas y un plan de acción nacional. Sin embargo, el gobierno no cumplió con las normas mínimas en varias áreas clave. El gobierno no informó que se hubiera condenado a ningún tratante, el trabajo para brindar servicios especializados para las víctimas siguió siendo inadecuado y las medidas de prevención disminuyeron.
RECOMENDACIONES PARA URUGUAY
Investigar y someter a la justicia de manera enérgica casos de trata con fines de explotación laboral, prostitución forzada y trata infantil, y responsabilizar a los autores del delito de la trata a través de duras penas; aumentar la disponibilidad de servicios especializados, incluidos los refugios, para víctimas de la trata, en especial fuera de la capital y para víctimas del sexo masculino, y seguir brindando los servicios durante las investigaciones y los procesamientos; aumentar la capacitación en materia de trata de personas para los funcionarios policiales, inspectores de trabajo, fiscales, jueces y trabajadores sociales, en particular para identificar y ayudar a las víctimas de la trata con fines de explotación sexual y laboral, por ejemplo aquellas que ejercen la prostitución; aprobar el proyecto de ley integral contra la trata de personas y completar el plan de acción nacional; desarrollar procedimientos para identificar víctimas y aumentar la capacitación para funcionarios de patrullaje fronterizo; desarrollar y poner en funcionamiento un sistema de recolección de datos para llevar estadísticas oficiales sobre diligencias para hacer cumplir las normas contra la trata de personas e identificar a las víctimas; aumentar la coordinación entre órganos del gobierno y la sociedad civil; aumentar la cantidad de campañas públicas de sensibilización para informar al público sobre la trata de personas y los servicios disponibles para las posibles víctimas; y revisar la definición de trata de personas vigente en el marco legal uruguayo para que se acerque más a la que figura en el Protocolo de la ONU del año 2000 contra la trata de personas.
SOMETIMIENTO A LA JUSTICIA
El gobierno mantuvo su nivel de trabajo para someter estos delitos a la justicia. El artículo 78 de la ley de migraciones, promulgada en 2008, penalizó la trata de personas con fines de explotación sexual o laboral, estableciendo penas de 4 a 16 años de penitenciaría. Estas penas fueron lo suficientemente severas y, en lo que se refiere a la trata con fines de explotación sexual, fueron acordes con las penas establecidas para otros delitos graves como la violación. El artículo 79 tipificó la facilitación de la entrada, el tránsito interno o la salida de personas del país con fines de trata de personas y la penaliza con 2 a 8 años de penitenciaría. El artículo 81 estableció penas mayores para los delitos establecidos en los artículos 78 y 79 cuando fueran cometidos por personas para quienes esta fuera su actividad habitual o por funcionarios policiales u otros funcionarios de seguridad, y cuando la víctima fuera un menor. A diferencia de la definición de trata vigente en el derecho internacional, el artículo 81 estableció que el uso de violencia, intimidación o engaño sean agravantes y no elementos esenciales del delito.
El Senado uruguayo aprobó el proyecto de ley integral contra la trata de personas desarrollado por la Mesa Interinstitucional para la Prevención y Combate de la Trata de Personas. El proyecto de ley se centró en la prevención, la investigación, el apoyo a las víctimas de la trata y la recopilación de datos. Al final del período del informe el proyecto de ley todavía no había sido aprobado por la Cámara de Representantes de Uruguay.
El gobierno no recopiló datos globales sobre su trabajo para hacer cumplir las leyes contra la trata de personas y no hubo un sistema para hacer el seguimiento de los casos que se encontraban en la órbita judicial. Los juzgados y las jefaturas de policía fueron el principal lugar de almacenamiento de los datos recopilados. En 2017 el gobierno inició diez investigaciones de trata, a diferencia de las seis investigaciones iniciadas en 2015 y 2016. El gobierno informó que hubo 23 procesamientos por trata con fines de explotación sexual, a diferencia de los cuatro que hubo en 2016 y los 15 de 2015. El gobierno no informó si condenó a algún tratante en 2017, a diferencia de las tres condenas que hubo en 2016 y ninguna en 2015 y 2014. Las tres condenas sobre las que se informó durante el período del informe anterior todavía estaban en el proceso de apelación. Las autoridades no informaron que hubiera habido investigaciones, procesamientos o condenas de funcionarios públicos cómplices de delitos de trata de personas.
La Unidad de Género de la Fiscalía General de la Nación se centró en investigar y enjuiciar delitos relacionados con la trata y la explotación infantil. El Ministerio del Interior y una organización no gubernamental (ONG) organizaron conjuntamente un taller sobre identificación de víctimas para 38 policías. El Ministerio de Desarrollo Social (MIDES) organizó 16 sesiones de capacitación para 593 funcionarios públicos sobre la lucha contra la explotación sexual de mujeres. El Ministerio del Interior organizó un curso de capacitación para 39 policías sobre la lucha contra la violencia basada en género.
PROTECCIÓN
El gobierno aumentó su trabajo de prevención. El Instituto Nacional de las Mujeres (Inmujeres) del MIDES fue el principal proveedor de servicios para las víctimas de abuso del sexo femenino. Inmujeres informó que ayudó a 172 víctimas de la trata (71 casos nuevos, 101 iniciados durante períodos de informes anteriores), lo que constituye un aumento en relación con las 131 víctimas de 2016. Más de la mitad de las víctimas que recibió ayuda fueron personas extranjeras. No se informó cuántas fueron víctimas de la explotación sexual comercial o del trabajo forzado. Una ONG financiada parcialmente por el gobierno informó por su parte que brindó servicios a más de 200 víctimas de la trata del sexo femenino, de las cuales aproximadamente 150 fueron de nacionalidad dominicana. El Instituto del Niño y Adolescente del Uruguay informó que asistió en más de 500 casos de explotación sexual de menores en 2017 (lo que constituye un aumento en relación con los 333 de 2016), aunque no quedó claro cuántos de ellos fueron víctimas de trata. El Ministerio de Trabajo y Seguridad Social informó que identificó a posibles víctimas de la trata durante una inspección de rutina en una obra privada en Montevideo. El caso todavía no se había resuelto ya que estaba pendiente de más investigación. Inmujeres siguió su vinculación con el interior del país a través de una unidad móvil de 14 integrantes que incluye psicólogos, trabajadores sociales y abogados que ofrecen apoyo psicológico, servicios sociales y asesoramiento legal.
Los funcionarios fronterizos no contaron con procedimientos estandarizados para identificar casos de trata. El Ministerio del Interior y otros oficiales de las fuerzas del orden más cercanos a la capital usaron un protocolo estandarizado para investigar casos de trata, responder a víctimas de la trata y ayudarlas. El gobierno siguió distribuyendo este protocolo a oficiales de las fuerzas del orden, inspectores de trabajo, fiscales, jueces y trabajadores sociales. Una ONG mencionó que hubo pocas vías disponibles para que el público se comunicara con las autoridades e informara sobre sospechas de casos de trata. Si bien existió un proceso formal de derivación de víctimas entre organismos del gobierno y las ONG, varias ONG informaron que no conocían este proceso o que el proceso no era claro.
El gobierno asignó 7,7 millones de pesos (US$267.730) a Inmujeres, un presupuesto mayor que los 4,6 millones de pesos (US$159.940) de 2016, para ofrecer, entre otros, servicios psicológicos y médicos a mujeres adultas víctimas de la trata con fines de explotación sexual y a mujeres que ejercían la prostitución. Parte de ese presupuesto también estuvo destinado a una ONG que brindó asistencia a mujeres víctimas de la trata. El MIDES fue el principal proveedor de servicios para víctimas de la trata. No existieron servicios especializados exclusivos para víctimas de la trata. El gobierno ofreció a las víctimas de la trata los servicios que se brindan a otras poblaciones vulnerables (personas sin techo, refugiados y ciudadanos que reciben subsidios estatales). No hubo refugios especiales para víctimas de la trata, por lo que se determinaron soluciones habitacionales temporales y de largo plazo caso a caso financiadas por el gobierno. No existieron servicios especializados para las víctimas del sexo masculino. De acuerdo con un organismo internacional, el gobierno brindó servicios a víctimas durante 30 días y luego recibieron un apoyo general similar al que reciben las personas sin techo. Las víctimas extranjeras tuvieron igual acceso a la atención que las víctimas locales de la trata, incluso los menores.
El gobierno proporcionó medidas de protección, mediante protocolos formales de protección a víctimas, para alentar a las víctimas a asistir en la investigación y el sometimiento a la justicia de sus tratantes. Según un organismo internacional, el gobierno no ofreció en la práctica varias de las medidas de protección, por ejemplo, la reubicación de víctimas, el cambio de identidad y la ayuda económica. No hubo informes sobre víctimas que hubieran sido sancionadas por actos cometidos como resultado directo de haber sido víctimas de la trata de personas. Aunque el gobierno no ofreció alternativas legales específicas a la trata relativas al traslado de las víctimas a países en los que enfrentaban castigos o privaciones, las autoridades ofrecieron asilo general y permisos de trabajo a víctimas de la trata extranjeras.
PREVENCIÓN
El gobierno disminuyó sus labores de prevención. La Mesa Interinstitucional para la Prevención y Combate de la Trata de Personas se reunió mensualmente. Esto incluyó reuniones específicas para elaborar un plan de acción nacional, que seguía incompleto al final del período del informe. Las ONG destacaron que hubo una disminución de las campañas de sensibilización realizadas por el gobierno durante el período del informe. Comisiones del gobierno nacional organizaron varias actividades de sensibilización, incluso marchas, y un seminario sobre la prevención de la violencia basada en género. La Comisión especial para el análisis del estado de situación de la trata de personas en el Uruguay y la generación del correspondiente marco legislativo del Senado uruguayo organizó la proyección de una película sobre la trata realizada por un cineasta uruguayo para conmemorar el Día Mundial contra la Trata en el mes de julio. Inmujeres atendió una línea telefónica directa gratuita que funciona las 24 horas para solicitar asistencia del MIDES. El gobierno se esforzó para prevenir el turismo sexual infantil, pero no para reducir la demanda de actos sexuales comerciales o de trabajo forzado. Si bien el gobierno inspeccionó prostíbulos y casas de masajes legales, los inspectores no contaron con procedimientos específicos para identificar casos o víctimas de la trata. Antes de su partida del país, las autoridades les dieron a las tropas de misiones para el mantenimiento de la paz un manual que incluyó un capítulo sobre explotación y abuso sexual.
PERFIL DE TRATA DE PERSONAS
Como se ha informado en los últimos cinco años, Uruguay es un país de origen, tránsito y destino para hombres, mujeres y menores sometidos al trabajo forzado y a la trata con fines de explotación sexual. Las mujeres y niñas uruguayas (y, en menor grado, los adultos transgénero y los varones jóvenes) son sometidas a la trata con fines de explotación sexual dentro del país. Las mujeres y personas LGBTI uruguayas son obligadas a ejercer la prostitución en España, Italia, Argentina y Brasil. Mujeres de la República Dominicana (y, en menor medida, mujeres de otros países sudamericanos) son sometidas a la trata con fines de explotación sexual en Uruguay. Trabajadores extranjeros, especialmente provenientes de Bolivia, Paraguay, Brasil, República Dominicana y Argentina, son sometidos al trabajo forzado en la construcción, el servicio doméstico, servicios de limpieza, cuidado de personas mayores, tiendas mayoristas, industrias textiles, agricultura, pesca y procesamiento de madera. Funcionarios uruguayos han identificado como posibles víctimas de la trata de personas con fines de explotación sexual o laboral a ciudadanos de otros países, por ejemplo, China y la República Dominicana, que están en tránsito en Uruguay de camino a otros destinos, en particular Argentina.
