Informe sobre Trata de Personas 2019 (Segmento de Uruguay)
URUGUAY (Nivel 2)
El Gobierno de Uruguay no cumple totalmente con las normas mínimas para la eliminación de la trata de personas, pero está tomando importantes medidas para lograrlo. El gobierno demostró en general haber trabajado más en el tema en comparación con el período del informe anterior. Por lo tanto, Uruguay se mantuvo en el nivel 2. Este trabajo incluyó aprobar normas integrales contra la trata de personas, completar el plan de acción nacional 2018-2020 y crear el Consejo Nacional de Prevención y Combate a la Trata y la Explotación de Personas. Sin embargo, el gobierno no cumplió con las normas mínimas en varias áreas clave. Funcionarios policiales e inspectores de trabajo no identificaron víctimas de manera proactiva y sistemática, y el gobierno no tuvo servicios adecuados para las víctimas. Los intentos de enjuiciar y condenar a presuntos tratantes fueron insuficientes; el gobierno no condenó a ningún tratante por segundo año consecutivo, y solo ha condenado a cinco tratantes en los últimos seis años.
RECOMENDACIONES PRINCIPALES:
Brindar servicios adecuados, incluidos los refugios, a todas las víctimas, incluidas aquellas que se encuentran fuera de la capital. • Aumentar la capacitación para los funcionarios policiales, inspectores de trabajo, Prefectura, fiscales, jueces y trabajadores sociales para identificar y ayudar de manera proactiva a las víctimas de trata con fines de explotación sexual y laboral, incluida la búsqueda de víctimas entre trabajadores extranjeros y personas que ejercen la prostitución. • Aumentar los fondos disponibles para servicios a víctimas, incluida la ayuda a largo plazo y para su reinserción. • Investigar y enjuiciar con firmeza casos de trabajo forzado, prostitución forzada de adultos y trata infantil con fines de explotación sexual. • Hacer responsables a los tratantes mediante condenas acordes con la gravedad del delito. • Capacitar a funcionarios policiales, jueces y fiscales en la irrelevancia del consentimiento inicial para ejercer la prostitución, así como en otras formas de coacción además de la restricción física. • Asignar fondos para la aplicación de la ley contra la trata y el plan de acción nacional. • Llevar adelante inspecciones proactivas a bordo de buques de bandera extranjera que se encuentren en aguas uruguayas y en el puerto para buscar indicadores de trata entre los trabajadores extranjeros. • Desarrollar y poner en funcionamiento un sistema de recolección de datos para llevar estadísticas oficiales sobre diligencias para hacer cumplir las normas contra la trata de personas e identificar a las víctimas. • Mejorar la cooperación internacional para investigar casos y proteger a víctimas extranjeras, incluidos los menores. • Aumentar la cantidad de campañas públicas de sensibilización para informar al público sobre la trata de personas y los servicios que están disponibles para las posibles víctimas. • Estudiar la aprobación de normas que obliguen a los buques pesqueros extranjeros a registrarse en el país y regirse por las leyes laborales uruguayas. • Revisar la definición de trata de personas vigente en el marco legal uruguayo para adaptarla a la que figura en el Protocolo de la ONU del año 2000 contra la trata de personas.
ENJUICIAMIENTO
El gobierno redujo sus diligencias para someter casos a la justicia. El artículo 78 de la ley de migraciones, promulgada en 2008, penalizó la trata de personas con fines de explotación sexual o laboral, estableciendo penas de 4 a 16 años de penitenciaría. Estas penas fueron lo suficientemente severas y, en lo que refiere a trata con fines de explotación sexual, fueron acordes con las penas establecidas para otros delitos graves como la violación. Las penas se incrementaron de un tercio a la mitad si el delito de trata involucraba a una víctima menor de edad. A diferencia de la definición de trata vigente en el derecho internacional, la ley estableció que el uso de violencia, intimidación o engaño sean agravantes y no elementos esenciales del delito. En 2018, el gobierno aprobó la Ley de Prevención y Combate de la Trata de Personas (Ley n.° 19.643), que estableció estándares mínimos para la protección de las víctimas, la prevención y la investigación, y creó una respuesta institucional integral para luchar contra la trata de personas.
El gobierno no recopiló datos globales sobre su trabajo para hacer cumplir las leyes contra la trata de personas y no tuvo un sistema para hacer el seguimiento de los casos que se encontraban en la órbita judicial. En 2018, el gobierno inició 17 investigaciones de trata (hubo 10 en 2017): 3 por trata con fines de explotación laboral y 14 por trata con fines de explotación sexual. El gobierno informó que se obtuvieron cuatro procesamientos (hubo 23 en 2017): uno por trata con fines de explotación sexual y dos por trata con fines de explotación sexual o laboral (no se supo por qué fue el otro). El gobierno no condenó a ningún tratante (tampoco hubo condenas en 2017). Durante los últimos 6 años, el gobierno solo ha condenado a 5 tratantes, de un total de 43 investigaciones y 52 procesamientos. La Unidad de Género de la Fiscalía General de la Nación se centró en investigar y enjuiciar delitos relacionados con la trata y la explotación infantil. Las autoridades no informaron que hubiera habido investigaciones, procesamientos o condenas de funcionarios públicos que hubieran sido cómplices de delitos de trata de personas. Las autoridades informaron que hubo dificultades para someter a juicio los casos de trata porque las víctimas inicialmente dieron su consentimiento para ejercer la prostitución y, en la mayoría de los casos, no hubo restricción física. El gobierno no informó sobre instancias de capacitación para funcionarios policiales, jueces o fiscales sobre la irrelevancia del consentimiento inicial para ejercer la prostitución o sobre cómo lidiar con casos que incluyan formas de coacción que no sean la restricción física. El gobierno trabajó más en capacitar a funcionarios policiales responsables de identificar a víctimas e investigar casos. Sin embargo, una organización internacional determinó que, en la práctica, los funcionarios policiales no aplicaron procedimientos sistemáticos para identificar a las víctimas de forma proactiva. Durante el período del informe, el gobierno no cooperó con un gobierno extranjero en un caso que involucraba a cuatro menores víctimas de trata. El gobierno ofreció algunas instancias de capacitación para fortalecer la capacidad de funcionarios policiales y fronterizos para identificar víctimas. En particular, ofreció dos módulos de capacitación para funcionarios del Ministerio del Interior que alcanzaron a más de 2.300 personas.
PROTECCIÓN
El gobierno mantuvo un nivel de trabajo inadecuado en lo que refiere a protección. El Ministerio de Desarrollo Social (MIDES) fue el principal proveedor de servicios para víctimas de todos los delitos, pero no existieron en Uruguay servicios especializados para víctimas de trata. El Instituto del Niño y Adolescente del Uruguay (INAU) estuvo a cargo de asistir a víctimas menores de edad (niños y adolescentes). En 2018, se identificaron 95 víctimas. No quedó claro quién identificó a esas víctimas ni cuántas de ellas fueron víctimas de trata con fines de explotación sexual o de trabajo forzado. El MIDES informó que asistió a 72 víctimas de trata (hubo 71 en 2017), y que más de la mitad de ellas fueron víctimas extranjeras. El INAU informó que asistió a 23 víctimas de trata con fines de explotación sexual menores de edad. El gobierno tuvo protocolos de protección a las víctimas y mecanismos de derivación escritos sobre asistencia a las víctimas. Agencias de la sociedad civil y del gobierno trabajaron conjuntamente para brindar servicios a víctimas de sexo femenino. Sin embargo, algunas organizaciones expresaron preocupación por la falta de formalidad en la derivación de víctimas. La nueva ley contra la trata de personas creó un sistema de respuesta interinstitucional que estableció una ruta de derivación para casos de trata. El gobierno y la sociedad civil siguieron operando un equipo móvil con 14 integrantes que incluyó psicólogos, trabajadores sociales y abogados y respondió a casos que se dieron en el interior del país. Funcionarios del gobierno tuvieron algunas instalaciones que pudieron alojar temporalmente a las víctimas. Sin embargo, la sociedad civil expresó preocupaciones sobre la idoneidad de dichas instalaciones, ya que no cubrían las necesidades de las víctimas. El gobierno ofreció servicios similares a aquellos que se brindan a otras poblaciones vulnerables (indigentes, refugiados y ciudadanos que reciben subsidios estatales). La sociedad civil informó que los servicios del gobierno se centraron principalmente en asistencia psicosocial y legal, pero que los servicios a largo plazo (como vivienda, apoyo vocacional y asignación laboral) fueron insuficientes. La sociedad civil informó que existieron dificultades para encontrar refugio para víctimas de trata, en especial para aquellas que fueron identificadas fuera de la capital. Algunas ONG informaron sobre casos en los que los trabajadores sociales han usado sus fondos personales para dar alimentos a las víctimas. El Ministerio de Trabajo y Seguridad Social no informó haber identificado a ninguna víctima.
El gobierno no identificó o asignó fondos para la aplicación de la ley o del plan de acción nacional. La nueva ley estableció un período de reflexión de hasta 180 días para que las víctimas extranjeras pudieran decidir si deseaban permanecer en el país, regresar a su país de origen o reasentarse en otro país. Sin embargo, durante el año, el gobierno no ayudó a cuatro posibles víctimas extranjeras de trata infantil que necesitaban ayuda administrativa inmediata para regresar a su país de origen.
PREVENCIÓN
El gobierno aumentó sus tareas de prevención. El gobierno completó el plan de acción nacional integral para 2018-2020. La nueva ley estableció la creación de un Consejo Nacional integrado por participantes de alto nivel. El Consejo está a cargo de la implementación de las recomendaciones recibidas de organismos internacionales y de la supervisión de la aplicación de la Ley N.° 19.643 y del plan de acción nacional. La Mesa Interinstitucional para la Prevención y Combate de la Trata de Personas mantuvo su rol más técnico y se reunió mensualmente. El gobierno llevó adelante tres campañas de sensibilización en conmemoración de días nacionales e internacionales en la lucha contra la trata de personas. Estas campañas alcanzaron a 189 personas. El gobierno atendió una línea directa gratuita que funciona las 24 horas que deriva a las víctimas a la Policía o al MIDES. El gobierno no informó cuántas llamadas estuvieron relacionadas con casos de trata. El MIDES lanzó una versión de la línea directa en una aplicación para teléfonos celulares para promover su uso entre el público más joven. El gobierno trabajó para prevenir el turismo sexual infantil, pero no para reducir la demanda de actos sexuales comerciales o trabajo forzado. Si bien el gobierno inspeccionó prostíbulos y casas de masajes legales, los inspectores no contaron con procedimientos específicos para identificar casos o víctimas de trata.
PERFIL DE LA TRATA
Tal como se ha informado en los últimos cinco años, los tratantes explotan a víctimas nacionales y extranjeras en Uruguay y a víctimas uruguayas en el exterior. Las mujeres y niñas uruguayas (y, en menor grado, los adultos transgénero y los varones jóvenes) son sometidas a trata con fines de explotación sexual dentro del país. Mujeres y personas LGBTI uruguayas son obligadas a ejercer la prostitución en España, Italia, Argentina y Brasil. Mujeres de la República Dominicana (y, en menor medida, mujeres de otros países sudamericanos) son sometidas a trata con fines de explotación sexual en Uruguay. Trabajadores extranjeros, principalmente provenientes de Bolivia, Paraguay, Brasil, República Dominicana y Argentina, son sometidos a trabajo forzado en la construcción, el servicio doméstico, servicios de limpieza, cuidado de personas mayores, tiendas mayoristas, industrias textiles, agricultura, pesca y procesamiento de madera. Inmigrantes cubanos fueron vulnerables a la trata en las ciudades fronterizas. Trabajadores extranjeros a bordo de buques pesqueros de bandera taiwanesa y china que se encuentran en aguas uruguayas y atracados en el puerto de Montevideo podrían estar sujetos a abusos que indiquen la existencia de trabajo forzado, entre ellos salarios impagos, identificaciones confiscadas y abuso físico. Los rumores de homicidios en altamar fueron frecuentes. Desde el año 2013 se ha registrado un tripulante fallecido al mes en estos buques. Ciudadanos de otros países, incluidos China y la República Dominicana, pueden estar en tránsito en Uruguay de camino a otros destinos, particularmente Argentina. Los trabajadores domésticos empleados en el interior del país, una zona menos monitoreada, tienen un mayor riesgo de ser víctimas de trata de personas.
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