URUGUAY: Nivel 2
El Gobierno de Uruguay no cumple totalmente con las normas mínimas para la eliminación de la trata de personas, pero está tomando importantes medidas para lograrlo. El gobierno demostró en general haber trabajado más en el tema en comparación con el período del informe anterior si se tiene en cuenta el impacto que la pandemia de COVID-19 puede haber tenido en su capacidad de lucha contra la trata. Por lo tanto, Uruguay se mantuvo en el nivel 2. Este trabajo incluyó formalizar a más tratantes, aumentar el número de unidades especializadas en la lucha contra la trata en Montevideo e iniciar la mayor investigación sobre delitos de explotación sexual del país, que incluyó delitos de trata y llevó a identificar 20 víctimas de trata menores de edad y formalizar a más de 30 personas por buscar víctimas de trata infantil con fines de explotación sexual. Sin embargo, el gobierno no cumplió con las normas mínimas en varias áreas clave. El gobierno identificó a menos víctimas que en el período del informe anterior. Funcionarios policiales e inspectores de trabajo no identificaron víctimas de manera proactiva y sistemática, y el gobierno no ofreció servicios adecuados para las víctimas ni acceso constante a refugios. El gobierno dedicó recursos insuficientes tanto a investigar, formalizar y condenar a autores del delito de trata con fines de explotación laboral, como a proteger a las víctimas de este delito. No hubo servicios de protección disponibles para víctimas de trata adultas de sexo masculino, y los funcionarios derivaron de manera inconsistente a las víctimas de trata con fines de explotación laboral a los distintos servicios disponibles. Algunas víctimas se negaron a participar en juicios contra sus tratantes por tener dudas sobre la capacidad del gobierno para garantizar su seguridad.
RECOMENDACIONES PRIORIZADAS:
Brindar servicios adecuados y refugio a todas las víctimas, especialmente a las víctimas de sexo masculino y a aquellas que se encuentran fuera de la capital. • Aumentar la capacitación para los funcionarios policiales, inspectores de trabajo, Prefectura, fiscales, jueces y trabajadores sociales para comprender mejor la trata de personas y, cuando corresponda, identificar de manera proactiva a las víctimas de trata con fines de explotación sexual y laboral. • Implementar una serie de lineamientos de rutina para la identificación proactiva de víctimas de trata y capacitar a los funcionarios en su uso. • Designar una entidad responsable de prestar servicios a víctimas de trata de sexo masculino. • Poner en funcionamiento una base de datos centralizada para sistematizar el registro de estadísticas oficiales sobre diligencias en pos de la aplicación de la ley contra la trata de personas y la identificación de víctimas, incluidas aquellas que se llevan adelante afuera de la capital. • Derivar víctimas de trata con fines de explotación laboral a los servicios correspondientes al identificarlas, responsabilizar a los tratantes ante la justicia y establecer procedimientos operativos estándar para que funcionarios del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (MTSS) puedan luchar contra la trata con fines de explotación laboral. • Asignar un presupuesto específico para luchar contra la trata, financiar la aplicación del plan de acción nacional y de la ley contra la trata, y aumentar el presupuesto para los servicios para víctimas. • Ampliar los servicios de largo plazo y de reinserción, incluida la formación vocacional. • Buscar indicadores de trata de personas entre trabajadores extranjeros, incluso mediante inspecciones exhaustivas a bordo de buques de bandera extranjera que se encuentren en aguas uruguayas y en el puerto. • Crear un centro al que puedan acceder las víctimas mientras los refugios están cerrados durante el día. • Investigar y enjuiciar con firmeza todas las formas de trata de personas, incluidos los casos de trabajo forzado y trata infantil con fines de explotación sexual. • Condenar a los tratantes con penas adecuadas, que deberían implicar períodos de encarcelación importantes. • Informar de manera consistente a las víctimas sobre sus derechos de conformidad con las leyes vigentes, que incluyen solicitar permisos de residencia permanente y recibir una reparación de sus tratantes, y prestar apoyo a las víctimas que deseen ejercer tales derechos. • Revisar la definición de trata de personas vigente en el marco legal uruguayo para adaptarla a la que figura en el Protocolo de la ONU del año 2000 contra la trata de personas. • Garantizar la seguridad de las víctimas que participen en los juicios contra sus tratantes según lo requiere la ley, e informar a las víctimas sobre las medidas de protección disponibles.
SOMETIMIENTO A LA JUSTICIA
El gobierno mantuvo su nivel de trabajo para someter estos delitos a la justicia. El artículo 78 de la ley de migraciones, promulgada en 2008, penaliza la trata de personas con fines de explotación sexual o laboral y establece penas de 4 a 16 años de penitenciaría. Estas penas son lo suficientemente severas y, en lo que refiere a trata con fines de explotación sexual, son acordes con las penas establecidas para otros delitos graves como la violación. Las penas se incrementan de un tercio a la mitad si el delito de trata involucra a una víctima menor de edad. A diferencia de la definición de trata vigente en el derecho internacional, la ley establece que el uso de violencia, intimidación o engaño sean agravantes y no elementos esenciales del delito.
En 2020, el gobierno inició 22 investigaciones nuevas de trata, a diferencia de las 23 investigaciones iniciadas tanto en 2019 como en 2018. En un caso que involucraba a cuatro sospechosos y ocho posibles víctimas, las fuerzas de la ley investigaron si una madre y su hija se habían asociado con una pareja cubana para explotar a mujeres cubanas víctimas de trata con fines de explotación sexual en burdeles de Paysandú y Montevideo. El gobierno formalizó a once tratantes acusados en 2020, a diferencia de los cuatro formalizados tanto en 2019 como en 2018. El gobierno no informó si estos presuntos tratantes habían sido acusados de trata con fines de explotación sexual o laboral. Sin embargo, sí confirmó que al menos dos eran ciudadanos extranjeros. La justicia también formalizó a 39 personas por buscar víctimas infantiles de trata con fines de explotación sexual, a diferencia de solo 2 que habían sido formalizadas en 2019. La gran mayoría de estas formalizaciones adicionales fue el resultado de una investigación policial coordinada y multijurisdiccional denominada “Operación Océano” que se centró en hombres (entre ellos un exjuez de menores, un político y el director de un liceo) que se comunicaban con niñas a través de aplicaciones móviles de citas o avisos clasificados en línea. Esta investigación también llevó a identificar 20 víctimas de trata infantil. El gobierno condenó a cuatro tratantes en 2020, a diferencia de los ocho condenados en 2019 y cero en 2018. Jueces sentenciaron a los tratantes condenados en 2020 a entre 17 meses de prisión y 6 años de penitenciaría. En un caso, el juez condenó a una tratante acusada de prostitución forzada que sometió a sus hijas a practicar actos sexuales comerciales durante varios años. En los últimos 5 años, el gobierno informó que investigó 55 casos de trata y procesó/formalizó a 39 presuntos tratantes, pero condenó solo a 15. El gobierno informó que condenó a una persona por buscar a una víctima de trata infantil con fines de explotación sexual. Funcionarios informaron que los juzgados cerraron por un breve período en marzo de 2020, pero la actividad judicial no tuvo otras interrupciones por circunstancias vinculadas a la pandemia. El gobierno recopiló información sobre casos activos, incluidos los casos de trata, en el Sistema de Información del Proceso Penal Acusatorio de Uruguay (SIPPAU). Sin embargo, siguió siendo difícil conseguir información detallada, en particular sobre investigaciones, formalizaciones y condenas por delitos de trata de personas fuera de la región de la capital, así como analizar tendencias entre los períodos de distintos informes.
La División Crimen Organizado del Ministerio del Interior fue la principal entidad a cargo del trabajo policial contra la trata de personas. Sin embargo, el MTSS fue el que dirigió la mayoría del trabajo vinculado a la trata con fines de explotación laboral. Dicho ministerio respondió principalmente a casos de tratantes con fines de explotación laboral mediante procesos administrativos, aunque los casos que derivó a la Fiscalía también podrían tener consecuencias penales. La Fiscalía General de la Nación en Montevideo tuvo tres unidades de género (en 2019 eran dos) que priorizaron investigar y enjuiciar delitos relacionados con la trata y la explotación infantil. No hubo unidades especializadas en el interior del país. Las autoridades no informaron sobre la existencia de investigaciones, formalizaciones o condenas de funcionarios públicos cómplices de delitos de trata de personas. El gobierno ofreció limitadas oportunidades de capacitación sobre la lucha contra la trata de personas a funcionarios policiales responsables de la identificación de víctimas y la investigación de casos, pero incluyó módulos específicos sobre trata en capacitaciones estándar sobre violencia basada en género para aproximadamente 375 funcionarios policiales en 2020. Además, 62 funcionarios se inscribieron a un curso en línea para fuerzas de la ley sobre la lucha contra la trata de personas. Algunos observadores indicaron que los funcionarios policiales no aplicaron procedimientos sistemáticos para identificar a las víctimas de forma proactiva. Funcionarios uruguayos trabajaron de manera coordinada con funcionarios estadounidenses en relación con un ciudadano estadounidense condenado por trata de personas que estaba cumpliendo su período de reclusión en Uruguay.
PROTECCIÓN
El gobierno redujo su trabajo de protección. El Ministerio de Desarrollo Social (MIDES) facilitó el cuidado y la protección de las víctimas de trata a través de dos entidades: el Instituto Nacional de las Mujeres (Inmujeres), que atendió a víctimas de trata adultas de sexo femenino, y el Instituto del Niño y Adolescente del Uruguay (INAU), que atendió a las víctimas infantiles de trata. Ambas instituciones atendieron principalmente a víctimas de trata con fines de explotación sexual, mientras que el MTSS mantuvo la responsabilidad sobre la mayoría de las víctimas de trata con fines de explotación laboral que fueron identificadas durante sus inspecciones. En 2020, el MIDES informó que Inmujeres prestó asistencia a 37 nuevas víctimas identificadas en 2020, a diferencia de las 83 víctimas de 2019 y las 95 de 2018, pero no informó sobre la cantidad de víctimas de trata que recibieron asistencia del INAU. Las 37 víctimas atendidas por Inmujeres fueron todas mujeres adultas, principalmente de nacionalidad uruguaya, dominicana o cubana. El gobierno no informó haber identificado a ninguna víctima de trata de sexo masculino, menor de edad o LGBTQI+ en 2020. El gobierno no consideró que las 20 víctimas identificadas durante la Operación Océano fueran víctimas de trata y les prestó servicios a través de la Unidad de Víctimas y Testigos de la Fiscalía. Un programa del INAU para víctimas infantiles de explotación sexual que se aplicó en Montevideo atendió a 42 menores durante el período del informe, pero no quedó claro cuántos de estos menores fueron víctimas de trata, a diferencia de otras formas de explotación. El gobierno tuvo diversos protocolos para la protección de víctimas, así como mecanismos de derivación escritos para la asistencia de víctimas, incluido un sistema de respuesta interinstitucional. Sin embargo, no hubo una agencia que liderara este trabajo ni protocolos interinstitucionales que facilitaran la identificación de víctimas de trata de manera proactiva por parte de funcionarios policiales u otros funcionarios gubernamentales. El MIDES fue el principal proveedor de servicios para víctimas de todos los delitos. Los servicios especializados para víctimas de trata fueron muy limitados y, en la práctica, solo estuvieron disponibles para las víctimas de trata con fines de explotación sexual adultas de sexo femenino. Inmujeres coordinó con actores de la sociedad civil la prestación de servicios para víctimas de trata con fines de explotación sexual de sexo femenino en sus centros en Montevideo y Cerro Largo, y el INAU tuvo un servicio de tiempo parcial en Paysandú para víctimas infantiles de trata con fines de explotación sexual. Asimismo, Inmujeres prestó algunos servicios por teléfono o videollamada durante el período del informe para limitar las disrupciones causadas por las restricciones vinculadas a la pandemia, aunque no todos los servicios se pudieron prestar en formato virtual, y estos servicios no estuvieron disponibles para las víctimas durante ciertos períodos. El gobierno adaptó espacios físicos para seguir atendiendo a las víctimas en persona siempre que fuera posible, con medidas que incluyeron la instalación de barreras y la revisión en busca de síntomas. El gobierno principalmente prestó servicios a víctimas de trata con fines de explotación sexual adultas de sexo femenino; no tuvo refugios ni servicios específicos para atender a víctimas de sexo masculino, LGBTQI+ o de trata con fines de explotación laboral. Cuando los funcionarios identificaron a estas víctimas, el gobierno normalmente pudo coordinar el alojamiento necesario en hoteles o refugios no especializados diseñados para atender a otras poblaciones vulnerables, como personas en situación de calle o que se están recuperando de adicciones. Algunas organizaciones expresaron preocupación por la falta de formalidad en la derivación de víctimas. El gobierno y la sociedad civil siguieron operando un equipo móvil con 14 integrantes que incluyó psicólogos, trabajadores sociales y abogados y respondió a casos que involucraron a víctimas infantiles que se dieron en el interior del país. El gobierno ofreció instancias limitadas de capacitación durante el año, con frecuencia en formato virtual y con el apoyo de organismos internacionales. Entre ellas, hubo un curso de cuatro semanas sobre explotación sexual infantil para personal del INAU y un curso para profesionales médicos sobre procedimientos de identificación y derivación de víctimas de violencia basada en género, incluida la trata.
El gobierno contrató a ONG para ofrecer a las víctimas servicios similares a aquellos que se brindan a otras poblaciones vulnerables (como indigentes, refugiados y ciudadanos que reciben subsidios estatales). No hubo servicios especializados para víctimas de trata. Aunque los funcionarios del gobierno tuvieron a su disposición algunas instalaciones donde se podía alojar temporalmente a las víctimas, no hubo refugios específicos para las víctimas de trata. Algunos funcionarios del gobierno expresaron su preocupación por el riesgo que podría suponer para la seguridad de las víctimas alojarlas en un refugio específico para víctimas de trata central dado el tamaño pequeño del país. El gobierno prefirió alojar víctimas en hoteles y en ocasiones las derivó a refugios u hogares que atendían a otras poblaciones, como víctimas de violencia doméstica. La sociedad civil expresó su preocupación por la idoneidad de estas instalaciones, ya que no satisfacen las necesidades de las víctimas de trata, e informó que existieron dificultades para encontrar refugio para víctimas de trata, en especial para aquellas identificadas fuera de la capital. Muchos de los refugios funcionaron exclusivamente durante la noche. Observadores identificaron una necesidad de centros y programas diurnos. La sociedad civil informó que los servicios del gobierno se centraron principalmente en asistencia psicosocial y legal, pero que los servicios a largo plazo (como vivienda, apoyo vocacional y asignación laboral) fueron insuficientes. Inmujeres proporcionó 11,37 millones de pesos (US$269.770) a sus colaboradores de ONG para financiar la prestación de servicios y asignó 304.500 pesos (US$7.230) para cubrir el costo de estadías de corto plazo en hoteles para las víctimas. El gobierno no informó que haya habido otras asignaciones presupuestales u otro tipo de financiación para la asistencia a las víctimas. Aunque el gobierno tuvo un protocolo que establece medidas de seguridad y protección a las víctimas, observadores informaron que el gobierno no pudo garantizar la seguridad física de las víctimas y que algunas víctimas no participaron en los juicios contra sus tratantes debido al miedo a represalias. Las víctimas pueden presentar demandas civiles para obtener una reparación de sus tratantes, pero el gobierno no informó si alguna víctima lo hizo en 2020. Las víctimas extranjeras tienen derecho a solicitar un permiso de trabajo y la residencia permanente y 180 días para decidir si desean permanecer en el país, regresar a su país de origen o reasentarse en otro país. Sin embargo, el gobierno no informó haber emitido permisos de residencia a ninguna víctima extranjera durante el período del informe, y no hubo registros de que lo hiciera desde que se aprobó en 2018 la ley que consagra este derecho.
PREVENCIÓN
El gobierno disminuyó levemente su trabajo de prevención. El Consejo Nacional de Prevención y Combate a la Trata y Explotación de Personas, integrado por representantes de agencias de alto nivel del gobierno y participantes de la sociedad civil y liderado por el MIDES, se reunió en dos oportunidades durante el período del informe. El Consejo estuvo a cargo de la implementación de las recomendaciones recibidas de organismos internacionales y de la supervisión de la aplicación de la Ley N.° 19.643 y del plan de acción nacional 2018-2020. Durante el período del informe, el Consejo comenzó a redactar el plan de acción nacional 2020-2022. Este Consejo tiene la obligación de publicar al menos un informe público al año, que generalmente consiste en un repaso anual de su trabajo para luchar contra la trata, pero no se publicó ningún informe en 2020. El gobierno no asignó fondos para la aplicación de la Ley de prevención y combate de la trata de personas o del plan de acción nacional, y el Consejo no tuvo un presupuesto de funcionamiento. El gobierno organizó actividades para promover la concientización sobre la trata de personas en 2020. Con el apoyo de un organismo internacional, el gobierno organizó un taller virtual para generar conciencia entre funcionarios en comunidades con un riesgo establecido de trata de personas. El gobierno siguió distribuyendo entre el público materiales informativos y de concientización preparados en períodos de informes anteriores. En general, el trabajo de concientización del gobierno presentó a la trata como un subtema en programas más amplios sobre violencia basada en género y otros delitos relacionados. El gobierno atendió líneas directas y una aplicación para celulares donde el público podía denunciar delitos. El gobierno no informó cuántas llamadas estuvieron relacionadas con casos de trata. En 2020, el gobierno lanzó una línea directa específica para una investigación a nivel nacional. Además de información vinculada al caso, los funcionarios declararon haber recibido pistas que llevaron a cinco investigaciones nuevas, al menos una de las cuales estaba relacionada con la trata de personas. El MTSS informó que capacitó a sus inspectores para identificar indicadores de trata con fines de explotación laboral. Estos inspectores siguieron haciendo sus inspecciones de trabajo habituales durante la pandemia, incluso en establecimientos conocidos por facilitar actos sexuales comerciales. Los inspectores de trabajo no contaron con procedimientos específicos para identificar casos de trata, si bien el MTSS tiene la responsabilidad principal ante casos de trata con fines de explotación laboral. El gobierno alentó a actores del sector privado a participar en una campaña en contra del turismo sexual infantil, pero no hizo otras gestiones para reducir la demanda de actos sexuales comerciales.
PERFIL DE TRATA DE PERSONAS
Tal como se ha informado en los últimos cinco años, tratantes explotan a víctimas nacionales y extranjeras en Uruguay y a víctimas uruguayas en el exterior. Mujeres y niñas uruguayas (y, en menor grado, adultos transgénero y varones jóvenes) son sometidas a trata con fines de explotación sexual dentro del país. Tratantes obligan a mujeres y personas LGBTQI+ uruguayas a practicar actos sexuales comerciales en Argentina, Brasil, Italia y España. Tratantes someten a mujeres provenientes de Cuba, República Dominicana, Haití y, en menor medida, de otros países sudamericanos, a trata con fines de explotación sexual en Uruguay. Muchas víctimas son mujeres sudamericanas afrodescendientes. Trabajadores extranjeros, especialmente provenientes de Argentina, Bolivia, Brasil, Cuba, República Dominicana y Paraguay, son sometidos a trabajo forzoso en construcción, servicio doméstico, servicios de limpieza, cuidado de personas mayores, tiendas mayoristas, industrias textiles, agricultura, pesca y procesamiento de madera. Es posible que ciudadanos cubanos que estaban trabajando en Uruguay hayan sido obligados a trabajar por el gobierno cubano. Tratantes sometieron a inmigrantes cubanos, particularmente a mujeres, a trata con fines de explotación sexual en ciudades fronterizas. Es posible que los tratantes trasladen a las víctimas de una ciudad a otra para evitar ser detectados y prolongar la explotación. Entre 2018 y 2020, hubo 17 fallecimientos de tripulantes asociados con buques pesqueros con bandera de Taiwán, China y otros países extranjeros que están atracados en el puerto de Montevideo y navegando en aguas uruguayas. Antes de 2018, observadores informaron que había un promedio de 11 tripulantes fallecidos al año. Trabajadores extranjeros a bordo de estos buques son sometidos a abusos que sugieren trabajo forzado, entre ellos salarios impagos, confiscación de documentos de identificación y abuso físico, y hay denuncias informales de homicidios en altamar. Es posible que haya ciudadanos de otros países, incluidos China y la República Dominicana, en tránsito en Uruguay, de camino a otros destinos, particularmente Argentina, donde algunos son víctimas de trata. Hubo una mayor vulnerabilidad ante la trata en el interior del país, donde el trabajo de monitoreo y lucha contra la trata por parte del gobierno tuvo un alcance limitado. En particular, los trabajadores domésticos empleados en el interior del país tienen un mayor riesgo de ser víctimas de trata de personas.
