Resumen
La Constitución establece la libertad de culto y afirma que el Estado no apoya ninguna religión en particular. Las normas legales prohíben la discriminación basada en la religión. El gobierno lanzó un sistema informático interinstitucional para monitorear e informar sobre temas de discriminación, incluida la discriminación basada en religión. Un juez condenó a cuatro personas a libertad vigilada por un delito de “violencia privada especialmente agravado en concurso formal con un delito de comisión de actos de odio, desprecio o violencia hacia determinadas personas” tras procesarlas por agredir física y psicológicamente a un colega basándose en motivos raciales y religiosos. A dos turistas judíos se les negó el ingreso a un hostel. El gobierno condenó la acción, derivó el caso a la Comisión Interinstitucional Contra la Discriminación, inició una investigación y cerró el hostel. Algunos funcionarios del gobierno hicieron declaraciones públicas y usaron prendas de vestir que denigraban las creencias y prácticas de la Iglesia Católica Romana. En noviembre, los medios informaron que la Ministra de Educación y Cultura, María Julia Muñoz, llamó la “plaga que aumenta” a las iglesias protestantes evangélicas en un grupo de WhatsApp. El compromiso oficial del gobierno con la laicidad en ocasiones generó controversia entre grupos religiosos y líderes políticos. Las organizaciones religiosas valoraron las oportunidades de diálogo sobre libertad de culto con el gobierno. La instalación de monumentos religiosos en espacios públicos siguió generando tensiones. El gobierno aprobó dos lugares para cementerios para la comunidad islámica. El gobierno apoyó varios eventos en conmemoración del Holocausto, incluido uno celebrado en el Parlamento, así como a través de un mensaje emitido en cadena nacional.
Entre el 22 y el 24 de noviembre, líderes protestantes evangélicos asistieron al Congreso Regional Sudamericano por la Vida y la Familia en Punta del Este. Según informes de los medios, el 23 de noviembre, una iglesia en Montevideo que apoyaba al Congreso fue vandalizada con lo que la iglesia dijo que eran símbolos satánicos y carteles pro-LGBTI, así como pintadas que decían “no al congreso fascista”. Los medios también informaron que el 8 de marzo manifestantes vandalizaron una iglesia, indicando su desacuerdo con la postura de la Iglesia Católica sobre el aborto y el control de la natalidad. Personas no identificadas vandalizaron una plaza en el departamento de Cerro Largo, donde pintaron esvásticas. La sociedad civil y el gobierno respondieron rápidamente y repudiaron los hechos. Líderes judíos denunciaron actos de antisemitismo que incluyeron acoso verbal y conductas agresivas. Representantes de algunos grupos religiosos minoritarios expresaron que la falta general de conocimiento y comprensión en la sociedad sobre sus creencias religiosas a veces resulta en actos de intolerancia y discriminación. Representantes religiosos denunciaron que siguió habiendo actividad en la prensa y en redes sociales que denigraba sus creencias y prácticas religiosas. Esta actividad incluyó los comentarios de un líder católico en una revista, donde dijo que los afroumbandistas consideraban denigrantes sus creencias religiosas. Coaliciones religiosas siguieron promoviendo el diálogo, el entendimiento y la coexistencia interconfesional en el país.
Funcionarios de la Embajada de los Estados Unidos de América estuvieron en contacto con el Ministerio de Relaciones Exteriores, la Comisión Honoraria Contra el Racismo, la Xenofobia y Toda Forma de Discriminación (CHRXD) del Ministerio de Educación y Cultura, y la Institución Nacional de Derechos Humanos (INDDHH) para dialogar sobre temas relacionados con la libertad de culto y la discriminación religiosa. Asimismo, se reunieron con líderes religiosos, entre ellos representantes católicos, judíos y musulmanes, varios grupos religiosos minoritarios y miembros del Foro Interreligioso del Uruguay, para dialogar sobre áreas de colaboración interreligiosa y conocer sus preocupaciones sobre temas relacionados con la fe (por ejemplo: actos de vandalismo relacionados con la religión, diferencias entre el gobierno y las organizaciones religiosas, y desafíos a la libertad de culto y la tolerancia religiosa). La embajada utilizó las redes sociales para destacar la importancia del respeto a la diversidad religiosa y de la tolerancia religiosa.
Sección I. Demografía religiosa
El Gobierno de los Estados Unidos estima que la población total de Uruguay es de 3,4 millones de personas (estimación a julio de 2018). Según una encuesta realizada en 2014 por Pew Research Center, un 57 % de la población se autoidentifica como cristiana (42 % católicos y 15 % protestantes), un 37 % de la población se considera religiosa pero sin afiliación y un 6 % eligió otra opción. Los grupos religiosos que representan en su conjunto menos de un 5 % de la población incluyen a los Testigos de Jehová, los bahaíes, la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, la Iglesia Evangélica Valdense, los afroumbandistas (que combinan elementos del catolicismo con el animismo y creencias africanas e indígenas), los budistas, los miembros de la Federación de Familias para la Paz y la Unificación del Mundo (Iglesia de Unificación) y Brahma Kumaris, entre otros. Según la encuesta, 0,3 % de la población es judía y 0,1 % hinduista. Las organizaciones judías estiman que hay unos 20.000 judíos viviendo en el país (aproximadamente 0,6 % de la población). La encuesta de Pew Research Center en 2014 indica que el 0,1 % de la población se autoidentifica como musulmana. Expertos de la sociedad civil estiman que hay solo entre 700 y 1.500 musulmanes (0,02 a 0,04 %), quienes viven principalmente cerca de la frontera con Brasil.
Sección II. Situación del respeto del gobierno hacia la libertad de culto
Marco legal
La Constitución establece la libertad de culto y afirma que “el Estado no sostiene religión alguna”. El Código Penal prohíbe la discriminación basada en la religión.
La Constitución reconoce a la Iglesia Católica el dominio de todos los templos que hayan sido total o parcialmente construidos con fondos del Erario Nacional, exceptuándose solo las capillas destinadas al servicio de asilos, hospitales, cárceles u otros establecimientos públicos.
Los grupos religiosos tienen derecho a exoneraciones de contribución inmobiliaria solo para sus iglesias o templos. A los efectos de recibir dichas exoneraciones, el grupo religioso debe inscribirse como organización sin fines de lucro ante el Ministerio de Educación y Cultura y presentar un expediente con su estructura y sus objetivos. El Ministerio estudia el expediente y determina si el grupo religioso cumple con los requisitos para recibir una exoneración tributaria. En general, el Ministerio registra a todos los grupos que presentan la documentación necesaria. Una vez completado el trámite, el grupo puede solicitar la exoneración de la contribución inmobiliaria ante la entidad correspondiente (el gobierno municipal).
Durante el año, el gobierno hizo la transición del sistema inquisitivo al sistema acusatorio de justicia penal. Según el gobierno, el cambio tenía como objetivo abordar la ineficiencia y la opacidad del sistema y el abuso de la prisión preventiva, así como establecer un sistema judicial más justo y transparente que ofrezca más apoyo a las víctimas. De los aproximadamente 8.300 casos sometidos a juicio desde el cambio al sistema acusatorio hasta agosto de 2018, un 79 % fueron resueltos mediante vías alternativas de solución del conflicto penal. El nuevo Código del Proceso Penal se reformó mediante leyes adicionales que ampliaron la discreción policial en los primeros momentos de la detención y en la fase de investigación, y suspendieron las medidas cautelares.
Cada gobierno departamental regula el uso de sus tierras públicas para entierros. Muchos departamentos permiten servicios y ritos de todas las religiones en sus cementerios públicos.
La INDDHH, un órgano autónomo del Parlamento, y la CHRXD se encargan de controlar el cumplimiento de las leyes antidiscriminatorias por parte del gobierno. Ambas organizaciones reciben denuncias de discriminación, llevan adelante investigaciones y emiten dictámenes al respecto. Estos dictámenes incluyen una recomendación sobre si el caso debe someterse a una audiencia judicial o administrativa. Solo los juzgados o el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social pueden establecer sanciones o imponer multas por discriminación. La INDDHH y la CHRXD ofrecen servicios letrados gratuitos a los denunciantes.
Un protocolo de las autoridades carcelarias regula los temas religiosos en las cárceles, incluida la estandarización del acceso de referentes religiosos y la existencia de espacios para reuniones religiosas. Varias cárceles del país tienen un espacio exclusivo para prácticas religiosas.
La Constitución prohíbe la instrucción religiosa en las escuelas públicas. Las escuelas públicas cierran en algunos días festivos cristianos. En atención a su naturaleza laica, el gobierno no se refiere a dichos días festivos con sus nombres cristianos. Los estudiantes que pertenecen a grupos religiosos no cristianos o minoritarios pueden faltar a clase sin penalidad en los días de sus celebraciones religiosas. Las escuelas privadas gestionadas por organizaciones religiosas pueden determinar qué días festivos religiosos celebrar.
Para poder trabajar en el país, los trabajadores religiosos deben presentar una constancia de su iglesia que confirme la identidad del solicitante y garantice su apoyo económico. Según el marco normativo vigente, el Estado debe hacer cumplir estas normas a miembros de todos los grupos religiosos por igual.
El país es parte del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos.
Prácticas del gobierno
El informe de la CHRXD sobre incidentes de discriminación durante el año incluyó una denuncia sobre libertad de conciencia y religión; en 2017 también hubo una denuncia. La INDDHH incluyó dos incidentes de discriminación por motivos religiosos en su informe de 2017; el año anterior hubo una denuncia. El Ministerio de Relaciones Exteriores gestionó el “Sistema de monitoreo de recomendaciones”, una herramienta informática interinstitucional para monitorear e informar sobre el avance de temas de discriminación, incluida la discriminación por motivos religiosos.
En junio, un juez condenó a cuatro empleados de una estación de servicio de Montevideo a de cuatro a seis meses de libertad vigilada por agredir física y psicológicamente a un colega con discapacidad intelectual basándose en motivos raciales y religiosos. Las personas golpearon a la víctima mientras tenía sus manos atadas y, en un momento, la colocaron en posición de crucifixión. Mientras filmaban el incidente, los atacantes se burlaron de su religión, le cantaron cantos religiosos y pegaron cinta en su frente en forma de cruz. Sus atacantes también dijeron “así tratamos a los negros en Uruguay”. Organizaciones de la sociedad civil criticaron esta pena y afirmaron que era demasiado leve para el delito cometido. Las cuatro personas fueron despedidas y acusadas de violencia privada especialmente agravada en concurso formal con un delito de comisión de actos de odio, desprecio o violencia hacia determinadas personas tras haber confesado en un juicio abreviado en el marco del nuevo sistema acusatorio que se aplica en el país. La denuncia fue presentada por el dueño de la estación de servicio tras haber visto videos del ataque que se habían vuelto virales en redes sociales.
En enero, los medios informaron que el dueño de un hostel para jóvenes les negó el ingreso a dos jóvenes turistas judíos provenientes de Israel a su hostel en Barra de Valizas, en el departamento de Rocha. El dueño del hostel dijo que no eran bienvenidos en su casa porque él se oponía a la situación política en Israel. El Comité Central Israelita de Uruguay de inmediato emitió una declaración en la que condenó el incidente como un acto antisemita y reclamó sanciones. El Ministerio de Turismo emitió un comunicado en el que afirmó que el incidente era contrario a la reputación del país como país abierto a recibir a personas de todo el mundo y derivó la denuncia a la Comisión Interinstitucional Contra la Discriminación. La Comisión reconoció el caso como un acto de discriminación. Un legislador presentó una denuncia ante la Fiscalía de Rocha para que se iniciara una investigación. El intendente de Rocha dijo que el hostel recibió un aviso de demolición dado que no estaba registrado y no tenía las autorizaciones adecuadas. La Fiscalía dijo que el incidente fue un caso aislado y que se debió a la nacionalidad de los turistas, no a su religión. Sin embargo, el Comité Central Israelita de Uruguay dijo que fue un caso de discriminación basada tanto en nacionalidad como en religión.
Funcionarios del gobierno hicieron varias declaraciones públicas y vistieron prendas que algunos líderes católicos consideraron denigrantes de sus creencias y de las prácticas de la Iglesia Católica. En julio, una funcionaria municipal de Montevideo publicó un mensaje en Twitter para promover el uso de protección contra el VIH/SIDA en el que dijo: “Menos rosarios en los ovarios y más salud sexual”. Miembros de la Iglesia Católica expresaron su descontento con el mensaje de la funcionaria y manifestaron sus preocupaciones en las redes sociales. Las autoridades municipales le solicitaron a la funcionaria que eliminara el tweet y que emitiera una disculpa pública, lo cual hizo. En setiembre, el director de la Administración de Servicios de Salud del Estado, Pablo Cabrera, participó en la marcha anual por la diversidad vestido con el atuendo tradicional de un cardenal católico y algunos participantes dijeron que constituyó una burla a la religión. La Iglesia Católica, la Secretaría de Derechos Humanos de Presidencia y varios legisladores de la oposición condenaron su conducta.
En noviembre, los medios informaron que la Ministra de Educación y Cultura, María Julia Muñoz, llamó la “plaga que aumenta” a las iglesias protestantes evangélicas en un grupo de WhatsApp. El Diputado Álvaro Dastugue del Partido Nacional denunció a Muñoz por tener una “posición xenófoba y discriminatoria”. Un miembro de la bancada evangélica protestante del Parlamento dijo que le pediría al Presidente Vázquez que la removiera de su cargo.
En junio, el gobierno declaró oficialmente que el 19 de marzo sería la fecha para conmemorar anualmente la laicidad en el país, de acuerdo con una ley aprobada en 2017. El Parlamento dijo que correspondía celebrar la laicidad ya que era un elemento de la identidad del país que estaba arraigado en la Constitución y que contribuía a la tolerancia religiosa en la sociedad. Distintas interpretaciones del término “laicidad” continuaron generando desacuerdos sobre el rol del estado en la observancia de las leyes de laicidad del país. En octubre, un partido de la oposición criticó al Intendente de Salto Andrés Lima por recibir la bendición de un pastor evangélico protestante en su oficina. Su propio partido también lo criticó. Un legislador dijo que “no se puede permitir la invasión de los despachos oficiales por ninguna religión” y que el Intendente Lima debía ser llamado a responder por su falta de respeto a la laicidad del estado uruguayo. Algunos miembros de grupos católicos y evangélicos protestantes dijeron que las posturas del gobierno respecto de la educación sexual, el género y el aborto amenazaron su libertad de expresión y su derecho a practicar su religión.
Las organizaciones religiosas dijeron que valoraron las oportunidades de diálogo sobre libertad de culto con el gobierno. Sin embargo, informaron que hubo pocos o nulos canales de comunicación formales con el gobierno para plantear preocupaciones o debatir iniciativas relacionadas con la libertad de culto. Líderes religiosos destacaron que el gobierno nacional no convocó activamente el diálogo interreligioso, pero que algunos funcionarios municipales apoyaron eventos interconfesionales mediante donaciones en especie o económicas o con su participación en los eventos. Grupos religiosos minoritarios como los bahaíes, musulmanes, anglicanos, metodistas y la Iglesia de Jesucristo informaron que no hubo casos de discriminación o intolerancia por parte del gobierno. Sin embargo, siguieron afirmando que el gobierno demostró más interés por otros grupos religiosos, en particular grupos cristianos y judíos.
Según informes de prensa, las decisiones sobre la instalación de monumentos religiosos en espacios públicos siguieron generando tensiones entre autoridades religiosas y el gobierno, así como entre distintos partidos políticos. En octubre, ediles de la oposición en el departamento de Cerro Largo se opusieron a la instalación de un monumento a la Biblia por parte de la intendencia porque, en su opinión, violaba la laicidad y no había pasado por los canales adecuados para su aprobación. Durante el año, las intendencias permitieron la colocación de otras estatuas y otros monumentos de naturaleza religiosa en espacios públicos. Para fin de año, el gobierno todavía no había tomado una decisión sobre qué hacer con el águila y la esvástica nazi de bronce de 350 kilos del navío alemán de la 2a Guerra Mundial que se hundió en el puerto de Montevideo luego de la Batalla del Río de la Plata de 1939.
En mayo, el gobierno municipal aprobó una solicitud de la comunidad musulmana para que se le asignara un espacio de 110 metros cuadrados en el Cementerio del Norte (público) en Montevideo para colocar 20 fosas islámicas. En junio, el gobierno del departamento de Canelones aceptó establecer el primer cementerio islámico del país junto al Cementerio de Soca (público), con una superficie total de unos 2.500 metros cuadrados.
El gobierno organizó talleres durante el año para generar conciencia sobre la discriminación social y promover la tolerancia, incluso en lo que respecta a la religión. En marzo, para conmemorar el 70 aniversario de la Declaración Universal de Derechos Humanos, la INDDHH expresó su compromiso con implementar programas y dictar cursos para erradicar las prácticas discriminatorias en la sociedad y promover el respeto a los derechos humanos, incluida la libertad de culto. Durante el mes de la diversidad en setiembre, el gobierno se comprometió a fortalecer las políticas públicas contra la discriminación y a promover la tolerancia. El gobierno organizó una semana de talleres para generar conciencia sobre todas las formas de discriminación social y promover la tolerancia. Una parte del evento se centró específicamente en la democracia, la laicidad y los derechos humanos. Como parte del mes de la diversidad, el gobierno estrenó un documental titulado “Fe en la resistencia”, un proyecto que documentó la realidad de la religión durante la dictadura que hubo en el país entre 1973 y 1985. El documental se produjo con el apoyo del gobierno y de organizaciones de la sociedad civil.
Igual que en años anteriores, el Ministerio de Relaciones Exteriores apoyó las actividades de conmemoración del Holocausto. El Parlamento organizó una sesión extraordinaria en enero para homenajear a las víctimas del Holocausto. En el mismo mes, el gobierno emitió un mensaje en cadena nacional por el Día Internacional de Conmemoración del Holocausto. “Proyecto Shoá”, una herramienta educativa en línea sobre el Holocausto, celebró una nueva edición de su concurso anual para que alumnos de secundaria trabajen durante el año lectivo con el fin de generar conciencia sobre los luchadores de la resistencia durante el Holocausto y sobre la continua necesidad de monitorear y combatir el antisemitismo.
Sección III. Situación del respeto mostrado por la sociedad hacia la libertad de culto
Entre el 22 y el 24 de noviembre, unos 400 participantes, entre ellos profesionales de la política, la educación y temas sociales, así como líderes protestantes evangélicos, asistieron al Congreso Regional Sudamericano por la Vida y la Familia en Punta del Este. Los medios informaron que el congreso destacó el peligro de perder la libertad de conciencia, la libertad de culto y la libertad de expresión en los siete países que estaban representados. Los medios también informaron que el 23 de noviembre una iglesia en Montevideo que apoyaba al congreso fue vandalizada con lo que se dijo que eran símbolos satánicos y carteles pro-LGBTI, así como pintadas que decían “no al congreso fascista”. El congreso respondió al expresar su “más enérgico repudio a los actos de violencia e intimidación realizados por activistas de la ideología de género contra la Iglesia Misión Vida para las Naciones y Asociación Cristiana Uruguaya de Profesionales de la Salud (ACUPS)”.
Los medios informaron que el 8 de marzo, mujeres enmascaradas con gorros de bruja vandalizaron una iglesia católica con bombas de pintura roja durante una marcha en conmemoración del Día Internacional de la Mujer. Algunas manifestantes cantaron “saquen sus rosarios de nuestros ovarios” y “saquen sus doctrinas de nuestras vaginas” para expresar su desacuerdo con la postura de la Iglesia Católica sobre el aborto y el control de la natalidad. El párroco de la iglesia dijo que se debatía sobre si presentar o no una denuncia, indicando que “en otras ocasiones hemos hecho denuncias y no ha pasado nada”. El Arzobispo de Montevideo, grupos de la sociedad civil y la INDDHH condenaron el ataque. En abril, después de que una segunda iglesia fuera vandalizada con bombas de pintura roja y pequeñas bombas incendiarias, la iglesia presentó una denuncia policial.
Los medios informaron que en octubre desconocidos vandalizaron áreas de la Plaza Constitución de la ciudad de Melo, en el departamento de Cerro Largo. Estas personas pintaron esvásticas en estructuras y en símbolos nacionales que había en la plaza. La INDDHH condenó rápidamente las acciones, expresó su preocupación y llamó a que haya una “cultura de respeto”. Las autoridades locales tomaron medidas de inmediato para limpiar los grafitis.
Líderes judíos denunciaron actos de antisemitismo que incluyen acoso verbal y conductas agresivas hacia personas judías. Representantes de algunos grupos religiosos minoritarios, incluidos los bahaíes, anglicanos, metodistas y miembros de la Iglesia de Jesucristo, expresaron que la falta general de conocimiento y comprensión en la sociedad sobre sus creencias religiosas a veces resultó en actos de intolerancia y discriminación. Informalmente expresaron su interés en incluir información sobre las distintas religiones que coexisten en el país y sus aportes a la sociedad en el currículum escolar.
Representantes de organizaciones judías, católicas y afroumbandistas informaron que siguió habiendo comentarios y actividades en los medios y las redes sociales en los que se denigraban sus creencias y prácticas religiosas. En abril, el cardenal católico Daniel Sturla hizo comentarios en un artículo en el semanario Búsqueda sobre la religión afroumbandista. Allí afirmó que la macumba (un término peyorativo usado para describir a la magia negra) es negativa, psicodélica y diabólica. La representante nacional afroumbandista Mae Susana Andrade respondió con una carta pública en la prensa donde dijo que el cardenal ofendió a las religiones africanas y que lo que era realmente diabólico era la cantidad de casos de pedofilia que tenía la Iglesia Católica, incluso en el país.
La Organización Sionista del Uruguay entregó el Premio Jerusalén 2018 al actual Ministro y ex Presidente de la Suprema Corte de Justicia, Jorge Chediak, por su trabajo para promover y defender los derechos humanos de los judíos y fomentar la coexistencia pacífica entre personas de distintos credos. Este premio anual reconoce a una figura nacional importante, generalmente un representante del gobierno o un académico.
Un estudio de Pew Research Center publicado durante el año indicó que el 29 % de los adultos creía que la religión era muy importante en su vida.
El capítulo uruguayo del Consejo Internacional de Cristianos y Judíos celebró su 60 aniversario y reflexionó sobre sus esfuerzos para promover el diálogo interconfesional y la tolerancia y la coexistencia interreligiosa en el país.
El Foro Interreligioso del Uruguay, integrado por representantes de distintos grupos religiosos y expresiones espirituales que incluye a Brahma Kumaris, la Iglesia de Jesucristo, católicos, protestantes evangélicos y bahaíes, continuó promoviendo el entendimiento interreligioso y fomentando el respeto por la diversidad religiosa mediante mayores oportunidades de diálogo. Durante el año, el Foro organizó eventos abiertos al público en general para promover la libertad de culto y los derechos humanos.
Sección IV. Política e interacción del Gobierno de los Estados Unidos
Funcionarios de la Embajada de los EE. UU. dialogaron sobre libertad de culto y discriminación religiosa con el Ministerio de Relaciones Exteriores, la CHRXD y la INDDHH. Los funcionarios alentaron a los representantes del gobierno a participar en diálogos con todos los grupos religiosos.
Funcionarios de la embajada se reunieron durante el año con líderes religiosos, entre ellos representantes católicos y judíos, y con miembros de varios otros grupos religiosos minoritarios, así como con miembros del Foro Interreligioso del Uruguay, para dialogar sobre áreas de colaboración interreligiosa y conocer sus preocupaciones sobre temas relacionados con la fe (por ejemplo: actos de vandalismo relacionados con la religión, diferencias entre el gobierno y las organizaciones religiosas, y desafíos a la libertad de culto y la tolerancia religiosa). Además, en agosto personal de la embajada participó en una mesa redonda con representantes de varios grupos religiosos minoritarios, entre ellos los bahaíes, anglicanos, metodistas y la Iglesia de Jesucristo. Por segundo año consecutivo, la Universidad Católica del Uruguay convocó a una mesa redonda de representantes de religiones minoritarias para conocer sus preocupaciones sobre la tolerancia religiosa.
En enero, un funcionario de alto rango de la embajada participó en una actividad por el Día Internacional de Conmemoración del Holocausto que se realizó en el Parlamento. En noviembre, funcionarios de la embajada acompañaron a miembros de la comunidad judía local, líderes interconfesionales y otros diplomáticos, incluido el Nuncio Apostólico, en un acto en recordación y homenaje a los 11 miembros de la fe judía que fueron asesinados en Pittsburgh el 27 de octubre.
La embajada usó sus redes sociales para resaltar el respeto a la diversidad y la tolerancia religiosa, incluso durante la Reunión Ministerial para Promover la Libertad Religiosa celebrada en Washington D.C. en julio y para la conmemoración del Día Internacional de la Libertad Religiosa el 27 de octubre.
